Visor de obras.

Siendo el consumo el fin de la producción, debe haber una relación natural entre ambos fenómenos económicos. Esta relación puede fácilmente determinarse cuando se trata de la sociedad en general, puesto que del exceso de la producción sobre el consumo dependen el aumento de los capitales, o sea de los medios de trabajo, así como el bienestar y el progreso que son su consecuencia. Es decir, que la producción, considerada en conjunto, debe siempre exceder a las necesidades del consumo.

Consumir más de lo que se produce es imposible en absoluto, no habiendo, como ya hemos dicho²⁹⁸, consumo alguno sin producción previa, y sólo puede suceder relativamente a una época o un individuo; pero aún entonces ha de encontrar pronto un término el exceso, puesto que, teniendo que alimentarse del capital, concluiría, si durase mucho tiempo, por agotar este elemento productivo y sumir al consumidor en la miseria.

Producir más de lo que se consume no sería nunca un mal, bajo el punto de vista social, porque no puede serlo una producción abundante, que es lo que constituye la riqueza; pero sí bajo el punto de vista individual, puesto que necesitando cada productor, en el régimen actual de la industria, vender los productos que confecciona para proporcionarse los que consume, si el consumo no correspondiese a la producción, disminuirían más o menos sensiblemente las ventas, se obstruirían las salidas, cesarían los pedidos y habría una estancación general de la riqueza.

Ahora bien: la posibilidad de semejante estancación, sostenida por Sismondi²⁹⁹, ha sido victoriosamente refutada por J. B. Say y otros, economistas. Say se funda en el principio de que en la venta de los productos el pago no puede verificarse sino con productos de distinta naturaleza. Cuando una mercancía, dice este economista³⁰⁰, es demasiado ofrecida, de manera que su precio baje, resulta que con las mercancías demandadas en cambio puede obtenerse mayor cantidad de ella y que estas mercancías encuentran, por 10, tanto, fácil salida. Un productor que desea vender, dice también Stuart Mill³⁰¹, lleva al mercado una demanda correspondiente a la oferta; todo vendedor es comprador al mismo tiempo, y viceversa; si la producción se aumenta en un ramo cualquiera de la Industria, la facultad de adquirir, y por consiguiente de consumir, se aumentará proporcionalmente. Nosotros mismos hemos demostrado en otra parte³⁰² que cuando baja el precio de un artículo sube en la misma proporción el de aquel o aquellos que por él se cambian, lo cual quiere decir que cuando un artículo sobra es porque los demás escasean.

Hay, pues, como se ve, una ley natural que regula la produción general, equilibrándola con el consumo, y que sirve para proporcionar en cada industria la oferta con la demanda. En virtud de ella, sucede:

l.º Que los elementos productivos se aplican a la industria más útil; porque, siendo sus productos los más demandados, son también los que tienen más precio, y por consiguiente los que dejan mayor beneficio a los productores.

2.º Que no se produce generalmente de ningún artículo ni más ni menos que lo suficiente para el consumo; porque, si se produjera más, bajaría bien pronto el precio de aquél y el productor estaría interesado en disminuir la producción, así como, si se produjera menos, subiría el precio del mismo artículo, y habría interés en aumentar su cantidad hasta que se restableciese el equilibrio³⁰³.

La ley reguladora de la producción y el consumo, que no es otra sino la ley de la oferta y la demanda, o sea de la formación de los precios, tiene una gran importancia en el mundo económico. Su cumplimiento, dice Roscher³⁰⁴, es la condición esencial de toda economía próspera; su menor infracción lleva consigo una lesión tan grave como peligrosa en el organismo social. Cuando esta infracción se manifiesta por un exceso de la oferta sobre la demanda, de la producción sobre el consumo, toma el nombre de crisis, apellidándose industrial, agrícola, mercantil o monetaria, según que afecta especialmente a las manufacturas, la agricultura, el comercio o la circulación del dinero, aunque, a decir verdad, ninguna aplicación del trabajo, ninguna institución económica se libran de su influencia.

Una crisis no es otra cosa que un desequilibrio parcial entre la producción y el consumo, desequilibrio que se traduce inmediatamente por un entorpecimiento en la circulación de los productos, y cuyos síntomas son tan diversos y variados que apenas pueden abrazarse en un cuadro completo. He aquí cómo los describe el señor Sanromá³⁰⁵:

«En las empresas la crisis se manifiesta por cierta dificultad en allegar los capitales fijos y circulantes que son menester para hacer marchar los establecimientos; por la escasez de la primera materia, que es una parte del capital circulante, y a veces también por la imposibilidad de dar salida a todo el producto elaborado, el cual, o tiene que disminuirse, o va hacinándose estérilmente en los almacenes, dando lugar al fenómeno que los Ingleses llaman glut y es como si dijéramos plétora industrial.

»Respecto del obrero, la crisis se presenta con una disminución notable en el pedido de la mano de obra, por efecto de cuya disminución hay que despedir de las fábricas algunos operarios o un gran número de ellos, o por lo menos éstos tienen que resignarse a un cambio brusco de salario, que, estando antes a un tipo superior y elevadísimo, baja repentinamente a otro muy humilde y acaso insuficiente para cubrir las necesidades más perentorias.

»Para el consumidor, la crisis significa un encarecimiento general en los precios de todos los artículos, hasta el punto de que clases enteras tienen que renunciará ciertos goces delicados, aunque justos y legítimos, para destinar los rendimientos de su capital y trabajo, o acaso una parte del mismo capital, a las primeras necesidades de la vida...............................................................................................................................

»Mas no paran aquí las cosas. En sus condiciones modernas, la industria necesita para moverse la gran palanca del crédito. Es el crédito quien le comunicar su mayor potencia circulatoria; pero el crédito exige seguridad, y si la seguridad falta, el papel, los instrumentos de crédito, circulan con dificultad, los efectos de comercio se envilecen en el mercado, ora representen existencias a pie de fábrica, ora valores en circulación. Y ahí teneis cómo detrás de la crisis industrial viene en seguida la crisis mercantil con su acompañamiento obligado de subidas de descuento, sus pensiones de pagos, liquidaciones apremiantes y disoluciones de compañías respetables. El golpe sufrido por el papel privado se deja sentir en los valores públicos, y tras la crisis mercantil tenéis inmediatamente los desastres de la Bolsa. Envilecido el papel, corren sus tenedores a realizarlo; el pánico se hace general; afluyen los billetes a las cajas de los Bancos; el numerario parece adquirir las propiedades del azogue; huye, se esconde, se escapa por todos lados, emigra de la capital a las provincias, de las provincias o de la capital al extranjero, y avanza entonces, la crisis monetaria cuando aquella corriente de oro y plata, que en épocas normales mansa y sosegadamente iba fertilizando los campos de la producción, detiene repentinamente su curso, se encharca en unos mercados y deja a otros completamente en seco.»

El Sr. Sanromá divide después las crisis en dos grupos, perfectamente distintos.

«Pertenecen, dice, al primer grupo aquellas crisis que suponen un cambio radical en las condiciones ordinarias o históricas del trabajo, por la aparición de un nuevo agente, de un nuevo instrumento, de una fuerza nueva: una máquina, un invento, un procedimiento antes desconocido, un medio expeditivo cualquiera. Llamamos a estas crisis necesarias y permanentes: necesarias, porque nos vienen impuestas por la ley natural del progreso, que es tan propio de la industria como de las demás esferas de la vida; permanentes, porque, como el progreso es continuo y no le deja a la Humanidad tregua ni punto de reposo, siempre vivimos en una crisis de esta especie, o cuando menos, estamos amenazados de sufrirla.

«Pertenecen al segundo grupo aquellas otras crisis que no cambian, sino que alteran las condiciones ordinarias del trabajo, y no porque aparezcan nuevas fuerzas o nuevos instrumentos, sino por una circunstancia extraordinaria que lleva la perturbación a los mercados. A estas otras crisis podríamos llamarlas accidentales y transitorias, porque, por fortuna de la Humanidad, sólo aparecen de vez en cuando como un castigo, expiación o advertencia providencial, a la manera que sucede para la población con las epidemias y sucedía en otro tiempo con las hambres.»

Las crisis permanentes se presentan con los mismos síntomas anteriormente descritos y producen los mismos males. Así la invención de la imprenta trajo consigo pérdidas irreparables para copistas e iluminadores; la hilandera de Arckwright, el hambre y la miseria para los hiladores a mano; la locomotora, la ruina de arrieros, diligencias y ordinarios. Así también la abolición de la esclavitud en las colonias inglesas dio lugar a grandes descalabros para los cosecheros de algodón, de azúcar y tabaco; la institución de los Bancos de emisión y de las Cajas de ahorros, a descalabros no menores para los logreros y pequeños prestamistas. Y sin embargo, estas crisis no pueden evitarse: son, como dice muy bien Sanromá³⁰⁶, etapas de la civilización, que debemos ir recorriendo, caiga quien caiga y pese a quien pesare, so pena de renunciar a todo adelanto, a toda mejora social, o de destruir -verdaderos bárbaros de la Edad Moderna- las máquinas y todos los procedimientos que vienen a perfeccionar la Industria, aumentando la virtud productiva del trabajo. Por otra parte, la Providencia, que permite las crisis permanentes, se encarga también de atenuarlas y neutralizar sus malos efectos, haciendo en un principio, como ya dijimos oportunamente³⁰⁷, muy difícil y costosa para la mayoría de las fortunas la adquisición y aplicación de los nuevos agentes descubiertos, o bien oponiendo a la innovación el espíritu de rutina y la fuerza de inercia, tan profundamente arraigados en nuestra naturaleza.

En cuanto a las crisis accidentales, son debidas a causas diversas, pero que pueden reducirse a las siguientes:

1.ª Falta de conocimiento de los mercados.

2.ª Monopolios.

3.ª Trastornos naturales.

4.ª Desórdenes políticos.

Sabido es, en efecto, que en el régimen actual de la Industria, cuando el trabajo está tan dividido y los productos que se obtienen en un pueblo se destinan quizá al consumo de otro muy distante, es muy difícil conocer la extensión de cada mercado, o sea la demanda que habrá de cada producto, la salida que tendrá, y por consiguiente la cantidad que de él debe producirse. Y no ciertamente porque falte una regla para determinar esta cantidad; la hay indudablemente fija e infalible, cual es la ley de la formación de los precios, en virtud de la cual los productos se abaratan en un mercado cuando abundan y se encarecen cuando escasean; pero esta regla sólo puede aplicarse a posteriori, cuando ya se ha hecho la producción y ofrecido el producto, por manera que, a pesar de ella, el productor está muy expuesto a equivocarse y producir más o menos de lo que ha de ser consumido. En uno y otro caso habrá un desequilibrio parcial entre la oferta y la demanda, entre la producción y el consumo, es decir, una crisis accidental, y así es como se originan las crisis por la falta de conocimiento de los mercados. Esta falta ha venido, por otra parte, a agravarse con la intervención de la moneda en los cambios. En efecto, mientras subsistía la permuta primitiva, el trueque directo de un producto por otro, la oferta se encontraba necesariamente en presencia de la demanda, y viceversa; pero desde que ha intervenido el numerario, estando en la mano del vendedor el aplazar la compra, y por consiguiente retardar cuanto quiera esta segunda parte del cambio, resulta que la oferta no da lugar necesariamente en el mercado a una demanda correlativa, y que la disminución repentina de los medios de circulación puede producir una crisis más o menos grave. Figurémonos, dice Roscher³⁰⁸, un país habituado a verificar sus transacciones comerciales con 100 millones de francos: todos los precios se habrán fijado con arreglo a estos medios de cambio; pero he aquí que de repente sobreviene una exportación de 10 millones de francos, y esto en circunstancias tales que el vacío producido por semejante falta de numerario no puede llenarse inmediatamente. ¿Qué sucederá? Sin duda que a la larga las necesidades de la circulación pueden satisfacerse en un país lo mismo con 90 que con 100 millones de francos; basta para ello que esa circulación se acelere, que el precio del dinero suba, o lo que es igual, que baje el de los productos un 10 por 100. Pero esto no puede verificarse inmediatamente: los vendedores se negarán, por de pronto, a dar sus mercancías diez veces más baratas que de ordinario; la oferta se verá separada de la demanda, a consecuencia del error común sobre la cantidad de los medios de circulación existentes, y resultará, por algún tiempo a lo menos, una crisis, una suspensión en las transacciones económicas, ocasionada por la ignorancia del estado en que se halla el mercado monetario.

Las crisis accidentales que proceden de un monopolio, ya natural, ya artificial, no consisten generalmente en un exceso de producción, sino al contrario; porque los monopolios, lejos de multiplicar, tienden a restringir la producción misma, en términos de que no corresponda a las necesidades del consumo, ya porque de este modo sube el precio de los productos y dejan mayor beneficio a los monopolistas, ya también porque, siendo escaso el número de productores, la industria monopolizada cuenta con pocos capitales y no puede producir mucho. No es esto decir que los monopolios obren siempre de la misma manera. Todo monopolio es ciego y camina a tientas, llevado sólo de su egoísmo. Así es que unas veces aumenta desmesuradamente y otras disminuye hasta la penuria los productos, como sucede con las leyes restrictivas del comercio exterior, verdaderos monopolios artificiales que, impidiendo la traslación de la riqueza desde los puntos en que abunda a aquellos donde escasea, ocasionan la plétora en los primeros y la miseria o el hambre en los segundos. La Inglaterra, dice con razón Roscher³⁰⁹, hubiera podido verse llena de artículos manufacturados, y la América del Norte sufrir al mismo tiempo una depreciación de materias primeras, mientras los aranceles aduaneros levantaban una barrera entre lo necesario y lo superfluo, y he aquí un ejemplo de crisis debida únicamente al monopolio.

Pero las crisis accidentales más graves son indudablemente las que proceden de los trastornos de la Naturaleza. Una alteración en las estaciones, una inundación, un terremoto, destruye las cosechas, las tierras de labor y los edificios, cierra los puertos, hace naufragar las naves, intercepta las comunicaciones terrestres y marítimas y ocasiona grandes pérdidas en tal o cual ramo de la industria. Al momento se resiente toda la economía social: el déficit de producción y por consiguiente de oferta en las industrias heridas deja un vacío en las salidas, o lo que es lo mismo, da lugar a un excedente de productos en las demás industrias; se pierde el equilibrio entre la producción y el consumo, y de aquí la crisis con todas sus consecuencias.

Los desórdenes políticos, esto es, las guerras, las revueltas civiles, los motines, con su séquito terrible de bloqueos, incendios y matanzas, producen los mismos efectos que los trastornos naturales, pero todavía con más intensidad, porque a la destrucción de una gran parte de la riqueza existente añaden el pánico, el terror general que infunden y que hace huir o esconderse a los capitales, dejando a la producción huérfana de su concurso.

Tales son, en resumen, las causas de las crisis accidentales. Todas ellas, a excepción de las que proceden de la Naturaleza, pueden evitarse. Así la falta de conocimiento de los mercados se evita con la publicidad, que da a conocer el surtido de cada uno de ellos y pone al productor en estado de proporcionar la oferta a la demanda de sus productos. Los monopolios y los desórdenes políticos se evitan también, estableciendo la libertad de la industria y renunciando los pueblos a hacer prevalecer sus opiniones y sus intereses por medio de la fuerza bruta. Pero cuando esto no bastara, cuando no fuera posible evitar las crisis de que se trata, todavía tenemos en nuestra mano un medio de atenuarlas y neutralizar en gran parte sus malos efectos. Este medio es la previsión, que nos aconseja tener siempre un fondo de reserva con que atender a los reveses de la fortuna, y que, organizada en sociedades de seguros, proporciona a las industrias maltratadas por aquélla los recursos necesarios para reponerse y recobrar su energía. El seguro, en efecto, es, como hemos visto en otro lugar un medio de compensar los siniestros, o sea las pérdidas ocurridas en la producción por causas o involuntarias o imprevistas, y puede aplicarse a toda clase de riesgos ora procedan de la Naturaleza, ora de los hombres.

Aunque la ciencia económica recomienda muy especialmente los consumos industriales, por todas las razones que hemos dado al tratar del consumo productivo y del improductivo³¹⁰, es indudable que los personales ocupan también un lugar importantísimo en la economía social, y que no solamente son necesarios, sino que reclaman en general una atención preferente de nuestra parte. Antes que la Industria está la vida, antes de pensar en el porvenir hay que satisfacer las imperiosas necesidades del presente.

Pero si los consumos personales no pueden proscribirse, tampoco es lícito hacerlos en la medida que nos plazea. Estos consumos tienen su límite máximo y su límite mínimo: el segundo marcado por las necesidades de la persona; el primero, por la cantidad de beneficio que en la producción se ha obtenido. Consumir más de lo que permite la renta de cada uno se llama disipación; consumir menos de lo que exige el bienestar individual toma el nombre de avaricia. Uno y otro consumo son igualmente perjudiciales para la sociedad y para el individuo.

El avaro, atento sólo a enriquecerse, dominado por la idea de atesorar, produce sólo por producir, toma el fin económico por el medio, y hace consistir todas sus satisfacciones en la posesión del valor, sin saber utilizarle para su desarrollo y perfeccionamiento. Así es que ni repara convenientemente las fuerzas gastadas en la producción, ni devuelve a ésta en forma de capitales las sisas de su consumo, con lo cual causa al trabajo un perjuicio positivo, disminuyendo su virtud productiva, y a la Industria en general un perjuicio negativo, privándola de su más poderoso elemento. Semejante al rey de la Fábula, a quien los dioses concedieron el poder de convertir en oro cuanto tocase, nada a la verdad en la abundancia; pero esta abundancia no aprovecha a los demás, y él mismo vive en la degradación y la miseria.

Tales son los funestos efectos de, la avaricia; pero aún los produce más graves la disipación; porque, al menos, el tesoro del avaro, siquiera se halle enterrado, puede utilizarse después de su muerte, al paso que el disipador destruye una parte del haber disponible. La avaricia conserva los capitales, y hasta permite aumentarlos en lo sucesivo, ya que no lo haga por de pronto, atesorando una gran cantidad de productos; la disipación, no sólo impide la formación de nuevos capitales consumiendo más del beneficio, sino que hace desaparecer los ya existentes gastando en placeres insensatos la riqueza destinada a empresas reproductivas.

Para apreciar bien la influencia de la disipación, dice J. Garnier³¹¹, supongamos dos capitales de 100.000 francos: el uno en forma de una fábrica, perteneciente al disipador, y el otro en forma de café y azúcar, perteneciente a un negociante cualquiera. Vende el disipador la fábrica y la compra el negociante; más para esto tiene el segundo que retirar de sus fondos de comercio una cantidad de 100.000 francos, que empleaba en géneros coloniales, y entregársela al primero, el cual la empleará en sus caprichos. Esta cantidad se reproducía antes todos los años; pero ahora se consume de una vez sin compensación alguna he aquí, pues, una porción de artículos que ya no tienen salida y que por consiguiente dejarán de producirse; he aquí una pérdida en la producción, representada por la falta de esos artículos; he aquí, en fin, un capital destruido. De dos capitales que había en la Industria, la fábrica y los géneros coloniales, ya no queda más que uno, el primero; el segundo ha desaparecido para siempre.

La disipación, dice Roscher³¹², aumenta por de pronto directa o indirectamente la demanda de los productos, eleva por algún tiempo el precio de ciertas mercancías, y confiere a sus productores una ganancia, un beneficio extraordinario; pero también ocasiona a los consumidores una pérdida proporcional, y de todos modos llega un momento en que el capital del disipador se agota, la demanda se detiene y la producción sufre una crisis más o menos violenta. Así la prodigalidad fastuosa de una corte puede desarrollar rápidamente la prosperidad de la población donde reside; pero la savia que allí circula es toda artificial; la riqueza que se consume viene de las provincias, y la nación, lejos de ganar, sufre una pérdida proporcionada a este consumo.

Es, pues, preciso huir de la disipación lo mismo que de la avaricia: es preciso limitar el consumo personal a la parte de riqueza excedente en la producción, al beneficio en ella obtenido.

¿Cómo debe consumirse este beneficio? he aquí lo que no puede determinarse a priori porque todo depende de las necesidades individuales, cuya graduación es, como ya en otro lugar dijimos³¹³, del dominio exclusivo de la conciencia, y por esta razón sin duda son tan contradictorias las opiniones emitidas acerca del lujo; pues, mientras los unos le exaltan, los otros le condenan y anatematizan.

Pero ¿qué es el lujo? Convendría que ante todo se pusieran los economistas de acuerdo acerca de la significación de esta palabra, que cada cual entiende a su manera.

Stewart dice que el lujo es el uso de lo superfluo; definición que apenas se diferencia de la de A. Smith, el fundador de la ciencia. Pero, como observa muy acertadamente Courcelle Seneuil³¹⁴, la EconomJa política no puede admitir esta distinción entre lo superfluo y lo necesario, porque no hay medio alguno de hacerla surgir de los hechos. Tal objeto de consumo, que se juzga necesario en cierto estado de la civilización, sería justamente considerado como superfluo en otro estado más imperfecto: tal gasto, indispensable para las personas que gozan de una gran fortuna, sería condenado como excesivo y extravagante en la clase media.

La misma objeción puede hacerse a la definición de Flórez Estrada³¹⁵, para quien el lujo es un exceso de gastos personales, porque siempre quedaría la dificultad de saber dónde empieza y dónde concluye este exceso.

J. B. Say define el lujo diciendo que es el uso de las cosas caras³¹⁶, o para hacer más comprensible su pensamiento, el uso de las cosas que cuestan mucho o que tienen un alto precio; pero carestía y baratura son dos términos relativos que, por sí solos, nada signífican, y un mismo objeto puede ser caro o barato sin variar de precio, según los medios que haya de adquirirle en la época y el país donde se venda.

Por último, según Courcelle Seneuil³¹⁷, la palabra lujo sirve para designar los consumos personales improductivos, entendiéndose por gastos de lujo en una sociedad o una clase los que exceden del término medio ordinario, aun cuando no absorban todas las rentas de quienes los hacen, es decir, todo el beneficio. En este sentido, apenas habría un gasto personal que no pudiera calificarse de lujo en ciertas clases y sociedades, porque son muy pocos en ellas los gastos personales absolutamente precisos para la producción y que por consiguiente no deban contarse entre los improductivos; al paso que en otras ningún gasto personal merecería el nombre de lujo, porque, siendo muy alto el término medio del consumo, podrían caber todos los gastos personales dentro de los límites del mismo.

Para nosotros el lujo, como el mismo Courcelle Seneuil dice luego más acertadamente³¹⁸, consiste en todo gasto que tiene por principal objeto satisfacer la vanidad, el deseo de ostentación, con tal que no absorba más riqueza de la que constituye el beneficio, pues entonces degeneraría en disipación.

Ahora bien: entendido de este modo, el lujo es indiferente bajo el punto de vista económico, por más que no lo sea bajo el punto de vista moral; porque si no ha de absorber más que el beneficio, y esta parte de la riqueza ha de consumirse de todos modos improductivamente, poco importa para la Economía que se emplee en objetos de comodidad o en objetos de adorno: en uno otro caso será igual la suma gastada y tendrá el mismo grado de influencia en la producción. Sin duda que la Moral no dará indistintamente su aprobación a este gusto, cualquiera que sea el objeto en que recaiga; sin duda que preferirá el consumo de cosas realmente útiles al de bagatelas y dijes; pero aquí no entra ya para nada la ciencia económica, cuya competencia se limita a juzgar de la cantidad y no de la calidad del consumo.

Se dice por algunos: «El lujo, consumiendo gran cantidad de objetos de ostentación, aumenta su demanda y da una gran, actividad a la industria». Cierto, contestaremos nosotros; pero lo mismo se la daría, si consumiese una gran cantidad de artículos de subsistencia, de productos aplicables a necesidades urgentes.

Se dice por otros: « El lujo, haciendo un consumo completamente improductivo, destruye sin compensación una parte de la riqueza». Cierto también; pero algo se ha de consumir improductivamente, algo se ha de destinar a nuestros placeres legítimos Si hubiéramos de limitarnos siempre a producir y producir, sin más gasto que el indispensable para satisfacer nuestras necesidades, ¿de qué nos serviría llegar a ser ricos?

Además, que no es posible condenar el lujo en absoluto, sólo por ser improductivo. Esta doctrina, aplicada en todo su rigor, nos conduciría a proscribir todo consumo personal que no tuviese por objeto la satisfacción de necesidades urgentes e inmediatas; porque siempre resultaría que, hecho con un objeto industrial, hubiera podido aumentar la riqueza en una suma de que, en otro caso, se ve la sociedad privada. ¡Adios entonces comodidades de la vida, placeres lícitos, recreos honestos, diversiones inocentes, espectáculos cultos; adios goces artísticos y literarios, cuadros, estatuas, monumentos, adornos de la persona y de la vivienda! Todo habría que sacrificarlo al deber de estimular la producción, al afan de capitalizar, al negocio y al lucro; la actividad social se convertiría en el más repugnante industrialismo.

El lujo, entendido como nosotros le entendemos, no tiene nada de antieconómico; antes bien es un síntoma de prosperidad, en términos que todo progreso se traduce en un aumento de lujo. Así las telas de seda, las blondas, los encajes y los tules, los muebles de maderas finas, las camas colgadas, los objetos de oro y plata, y tantos otros productos que no sirven más que para satisfacer el amor del arte, y que en nuestros días son de un uso general, en épocas menos adelantadas apenas se conocían o sólo se usaban por los ricos.

Por otra parte, el lujo de los pueblos en que florece la civilización tiende más bien a hacer la vida fácil y agradable que a rodearla de un fausto inútil. Esta tendencia se observa bien entre los Ingleses y está perfectamente caracterizada en la denominación de confort que le da su lengua. En Inglaterra las casas no son grandes, pero sí cómodas y bien distribuidas; se aprecian más los lienzos finos que las sederías y los encajes; se antepone una linda casa de campo a un suntuoso palacio; se prefieren a las delicadezas del arte culinario los manjares suculentos, pero sencillamente preparados, y se ama sobre todo la limpieza, que tan benéficamente influye en lo moral como en lo físico. ¿Quién podría condenar semejante lujo?

Lo repetimos: el consumo personal, mientras no exceda del beneficio, en nada perjudica a la producción, cualquiera que sea su objeto, ya consista en artículos de subsistencia, ya en los que se llaman de lujo.

Pero ¿es económico consumir, en nuestras necesidades o nuestros gastos personales, todo el beneficio? Si tal se hiciera, no podrían nunca aumentarse, como en otro lugar hemos dicho³¹⁹, los gastos de la producción, ni por consiguiente el producto; la industria permanecería siempre en el mismo estado, y el progreso sería de todo punto imposible. Para que el hombre se perfeccione, para que cumpla esta ley indeclinable del mundo moral, es indispensable que el consumo personal no absorba más que una parte del beneficio, y de aquí la conveniencia del ahorro.

Llámase ahorro la conservación calculada de un producto o de una parte del mismo, la reserva de lo que no es absolutamente preciso para la satisfacción de nuestras necesidades actuales, una previsión, un recurso que la constancia aumenta de día en día, con la mira de hacer frente a los apuros de un porvenir inseguro³²⁰.

El ahorro es directo cuando recae sobre el objeto mismo que no se consume, como sucede en la economía doméstica; pero, en general, se realiza de un modo indirecto, en numerario, que se va acumulando lentamente hasta que la suma encuentra una colocación productiva³²¹.

Se confunden ordinariamente las voces ahorro y economía, siendo así que tienen una significación distinta. La economía, en efecto, supone sólo el orden en los gastos; pero el ahorro exige algo más, la parsimonia, la exigüidad de ellos. El que ahorra es necesariamente económico; pero al ahorrar se priva de lo que podría consumir sin violar las leyes económicas.

A. Smith³²², eleva el ahorro individual a la categoría de principio, y le considera con razón como la fuente primitiva de la prosperidad social, pues por su medio se forman los capitales y se estimula la Industria, multiplicándose los elementos productivos. según el ilustre economista, la causa inmediata del progreso económico es el ahorro, la restricción del consumo, y no el aumento de la producción. La producción suministra, sin duda, la riqueza acnmulable; pero sólo el ahorro realiza esta acumulación, y sin él no llegaría nunca a aumentarse el capital, consumiéndose completamente a medida que se produjese. El ahorro, añade A. Smith, supera siempre a la prodigalidad; se hace oscuramente y en silencio por la irresistible necesidad de asegurar el porvenir, y su poder reparador es tan grande que, a pesar de los despilfarros de la imprudencia, ya de los individuos, ya de los gobiernos, realiza sumas enormes que, de período en período, se revelan en el fomento continuo de la fortuna pública y privada.

No obstante, hay una preocupación general contra el ahorro, al cual se acusa de perjudicar a la sociedad y sobre todo al trabajo, suponiéndose que, para activar el comercio, es necesario gastar y gastar mucho. Esta preocupación confunde al hombre que ahorra con esos avaros cuyo único afan es atesorar y guardar en el fondo de un arca o en un hoyo profundo la riqueza no consumida. Pero es evidente que el ahorro no procede de este modo; pues si bien es cierto que en las épocas de turbulencia el que posee alguna cantidad de numerario suele enterrarle, temiendo verse despojado de él por los que se aprovechan de la falta de seguridad individual para entregarse al robo y el pillaje, no lo es menos que, en el estado normal de la sociedad, cada cual procura colocar ventajosamente sus fondos disponibles, entregándoselos a la Industria para que los utilice en provecho de ambos. Ahora bien: ¿cómo puede perjudicar esta colocación a la sociedad misma, que ve aumentarse así sus medios de producción, ni al trabajador, cuyos empleos se multiplican? Los trabajadores son precisamente los más interesados en que haya muchos ahorros, porque sólo de este modo puede crecer el capital, y con él la demanda del trabajo, el salário, en que aquéllos fundan su subsistencia.

Se dice comúnmente: las economías, del rico y los ahorros del pobre. Las primeras, que se supone deben hacerse en grande escala, se aprueban y aún se elogian por todo el mundo; mientras los segundos, porque son necesariamente pequeños, se desprecian como cosa mezquina y llegándose hasta sostener que las instituciones cuyo objeto es favorecer el ahorro arrastran los ánimos a la degradación y estimulan el robo doméstico. Esta doctrina encierra un error gravísimo. La moralidad del ahorro, dice L. Leclerc³²³, es tan evidente que no necesita demostrarse. Por lo común, el robo disipa y no ahorra: la simultaneidad excepcional de estos dos hechos no probaría más que una depravación anterior al ahorro, y a que éste no puede dar origen. El único móvil del ahorro es la recta razón y el sentimiento del bien: egoísmo, si se quiere, pero meritorio en este caso, y fecundo en resultados felices para el individuo como para la sociedad; pues, no pudiendo utilizarse producto alguno, en el estado actual de la sociedad, sino por esa doble participación que se llama cambio, el que ahorra, al mismo tiempo que mejora su condición, favorece a los demás y debe ser saludado, con A. Smith, como un bienhechor del género humano.

El ahorro es un gran acto económico; es, como hemos visto, el único medio de formar los capitales; pero, en primer lugar, no basta ahorrar, es menester también que se utilice la parte de riqueza sustraída al consumo: de lo contrario, la privación sería completamente estéril, y el espíritu de economía correría riesgo de extinguirse. Por otra parte, los ahorros hechos en el seno de la sociedad se forman lentamente, y sus autores no tienen, por lo común, medios de darles una colocación ventajosa. Si algunos, como los empresarios de industria, son bastante afortunados para emplearlos día por día en la producción a que se dedican, otros muchos que ejercen las ciencias, las artes en general profesiones que no admiten o no requieren un aumento de capital, se ven en la precisión de guardarlos en el fondo de sus gavetas, esperando cuando más, para hacerlos valer, a que asciendan a una cantidad considerable. Y entre tanto, ¡cuántos se gastan improductivamente, cediendo a un capricho o a una tentación del momento! La inclinación al despilfarro es demasiado común para no recordar este epigrama de Marcial:

«Tu padre, Philomuso, te deja al morir todos sus bienes: tu padre te quita tu patrimonio.»

Si los ahorros permaneciesen diseminados y en poder de sus dueños, la mayor parte se disiparían antes de que pudieran utilizarse.

Conviene, pues, para que el ahorro de todos sus frutos, que alguien se encargue de recoger hasta sus menores partículas conforme se vayan acumulando, de llevarlas a la producción y de proporcionar a sus autores un beneficio, por pequeño que sea, el cual fortifique la previsión y el espíritu de economía, fecundando al mismo tiempo el campo de la Industria. Esta misión está encomendada a las Cajas de ahorros, Cajas de retiros, Sociedades de socorros mutuos y de seguros sobre la vida, que vamos a estudiar brevemente.

Las Cajas de ahorros son unos establecimientos, fundados, ya por personas benéficas, ya por el Estado, ya también por corporaciones públicas o por sociedades particulares, que reciben en depósito las más, pequeñas sumas, las conservan y garantizan, y de estériles que eran en manos de sus dueños, las hacen producir intereses que vienen a aumentar el principal de mes en mes y de año en ano, reembolsándole en todo o en parte, a voluntad del deponente y a su simple requisición.

Las cantidades admisibles en estos establecimientos deben ser pequeñas; porque, como dice muy bien el señor Madrazo³²⁴, se han fundado para los operarios y no para los capitalistas; además, que si recibiesen gruesas sumas, no podrían emplearlas útilmente, conservando al mismo tiempo su pronta disponibilidad para el reintegro.

«El interés que han de satisfacer a los deponentes, añade el mismo autor³²⁵, no debe ser tan pequeño que no sirva de estímulo para el ahorro, ni tan grande que no le produzcan los capitales acumulados en ellas.

»La devolución de los ahorros debe hacerse a los pocos días de reclamarse; porque, si se dilata, surge la desconfianza y con ella la muerte de la institución. Conviene, sin embargo, que la devolución no se haga en el instante mismo en que se solicite, no sólo para que la caja tenga fondos disponibles, sino también para que tengan tiempo los reclamantes de meditar lo que van a hacer y no se dejen llevar por las sugestiones del momento.»

La cuestión más difícil es la del destino que debe darse a los fondos reunidos en las Cajas de ahorros, a fin de conciliar la necesidad de que estén seguros y produzcan un interés suficiente con la de su, pronta y fácil disponibilidad. En los países en que estos establecimientos han permanecido en el dominio privado, como sucede en Alemania y en España, las sumas de que se trata reciben tres empleos: se colocan en cuenta corriente en los Bancos, se prestan sobre buenas hipotecas territoriales, o se confían también en calidad de préstamo a los Montes de piedad. Pero hay naciones, como Francia, donde las Cajas de ahorros se hallan bajo la dependencia directa del Gobierno, el cual se encarga de sus fondos, obligándolas a convertirlos en títulos de la deuda, o llevarlos a la Caja de depósitos y consignaciones, departamento oficial creado para recibir los depósitos legales, aunque también admite los voluntarios. Ahora bien: esta última colocación es sin duda la más ventajosa, allí donde se pagan religiosamente los intereses de la deuda; pero ya se comprenderá el peligro que ofrece donde el tesoro público, abrumado de cargas, no pueda cumplir todos sus compromisos. La entrega de los ahorros a los Bancos en cuenta corriente es poco lucrativa y segura, porque estos establecimientos pagan un interés exiguo por tales depósitos, y se hallan expuestos a quiebras; y en cuanto a los préstamos sobre hipoteca, si bien inspiran completa confianza en el reintegro, presentan el inconveniente de que éste no puede hacerse en plazos bastante cortos para tener siempre disponibles las cantidades prestadas. Por todas las razones expuestas, lo mejor es confiar los ahorros a los Montes de piedad, para que éstos los presten sobre prendas, con lo cual se consigue además que las economías de un pobre sirvan para auxiliar a otro. Así se hace en la Caja de ahorros de Madrid, que está íntimamente relacionada con el Monte de Piedad, en términos de no formar los dos más que un solo establecimiento.

Las Cajas de ahorros son una institución utilísima; pues, aparte del hábito del ahorro que estimulan y generalizan, producen dos resultados muy importantes bajo el aspecto económico: uno que afecta al individuo, y otro a la Sociedad. En efecto, gracias a estos establecimientos, el trabajo aumenta su poder productivo, apoyándose en un capital, cuyo beneficio, aunque pequeño, eleva el jornal diario, y la Sociedad utiliza también este capital, disminuyendo al mismo tiempo sus cargas, puesto que tiene que socorrer menor número de infelices.

Pero las Cajas de ahorros adolecen de un inconveniente que, aunque se exagera por algunos economistas, no deja de ser cierto. En primer lugar, para formar un capital con que establecerse o poder subsistir en la vejez, sería preciso hacer ahorros y depositarlos en dichas cajas durante un período muy largo, lo cual es difícil, por no decir imposible, para las clases jornaleras, a quienes tiende principalmente a favorecer la institución; y por otra parte, cuando por medio del ahorro se llegan a reunir sumas considerables, es demasiado grande la tentación que ofrecen al deponente para que, resista a ella y se abstenga de gastar esas sumas improductivamente. El deseo de remediar este mal, haciendo que todos los individuos de la Sociedad, por escasos que sean sus haberes, puedan proporcionarse una vejez descansada, ha dado origen a las Cajas de retiros.

Esta institución tiene por objeto, según E. Thomas³²⁶, asegurar a sus suscritores, cuando llegan a cierta edad, una pensión vitalicia más o menos considerable, que se calcula por el importe de las sumas entregadas, los intereses compuestos de estas sumas y las probabilidades de longevidad, combinadas entre todos los deponentes cuando no se reserva el capital, o solamente propias del individuo, según la edad a que se sirve la pensión, si el capital ha de volver a sus derecho-habientes. En el primer caso, los depósitos son a fondo perdido, y el retiro se aumenta con la parte correspondiente a los socios fallecidos, al mismo tiempo que con la acumulación de los intereses compuestos y las probabilidades de duración de la misma renta vitalicia; en el segundo, el retiro se forma solamente con los intereses compuestos y las probabilidades de vida, y a la espiración del contrato vitalicio el capital de los depósitos acumulados vuelve a los herederos o legatarios, los cuales no pierden más que los intereses. Esta segunda combinación, añade el citado escritor, es indudablemente más moral que la otra y no menos favorable para la cuota de la pensión, porque la diferencia se reduce a la disminución de un 1 por l00 del interés servido. Así un depósito anual de 10 francos durante 20 años, a fondo perdido, da lugar al cabo de este tiempo a una pensión vitalicia de 167 francos y 42 céntimos, calculando el interés a razón de 4 por 100, y el mismo depósito durante igual tiempo, si el capital se reservase, daría 167 francos 97 céntimos de pensión, a razón de 5 por 100.

Por lo demás, la necesidad de los retiros es evidente. No hay más que ver con qué afan se buscan en ciertos países las posiciones oficiales, a pesar de su escasa dotación, sólo por la esperanza de ponerse a cubierto de la miseria en los días de la vejez. Por eso convendría generalizar esta institución siempre que se deje a la iniciativa del interés individual, que es en todas las empresas económicas la mejor garantía del éxito y el mejor título a la confianza pública.

Las Sociedades de seguros sobre la vida son de dos clases: de seguros mutuos y de seguros a prima fija.

Las Sociedades de seguros mutuos sobre la vida tienen por base la operación financiera llamada tontina -del nombre de su inventor, el italiano Tonti- por la cual varias personas ponen en común un fondo destinado a repartirse en una época dada entre los supervivientes, con los intereses acumulados y la parte correspondiente a los fallecidos. Esta operación es susceptible, según A. Legoyt³²⁷, de cinco combinaciones principales:

1.ª Aumento de la renta, sin enajenar el capital, en cuyo caso el interés producido por los fondos sociales se reparte, en las épocas determinadas por el contrato, entre los socios que sobreviven, devolviéndose el capital, al espirar la sociedad, a los deponentes o sus herederos.

2.ª Aumento de la renta, enajenando el capital, en cuyo caso el interés producido por los fondos sociales se reparte entre todos los socios en las épocas fijadas, y a la espiración de la sociedad se distribuye también el capital entre los supervivientes.

3.ª Aumento del capital, sin enajenar la renta, en cuya combinación se sirven anualmente a los suscritores o derecho habientes los réditos del fondo social hasta el término de la asociación; pero llegado éste, el capital se reparte sólo entre los socios que sobreviven.

4.ª Aumento del capital, enajenando el todo o parte de la renta. En el primer caso, el interés producido por los fondos sociales se añade sucesivamente al capital hasta el término de la asociación: en el segundo, los suscritores perciben durante su vida el rédito de los fondos sociales, empezando sólo desde su muerte a acumularse al capital la renta; y en ambos el capital de los fondos sociales, unido al que procede de la acumulación de la renta, se reparte exclusivamente entre los socios que sobreviven.

5.ª Formación de un capital por la acumulación de la renta, sin enajenar el de los fondos sociales, en cuyo caso el interés producido por estos fondos se entrega a los suscritores o sus herederos, mientras que el capital formado por la acumulación de la renta se reparte sólo entre los supervivientes.

Las Sociedades de seguros sobre la vida, a prima fija, se fundan en el cálculo de las probabilidades de duración de la vida y en el del interés compuesto he aquí cómo se aplican ambos procedimientos:

Se reúnen, en primer lugar, los datos estadísticos del nacimiento y muerte de un gran número de personas en una localidad determinada; se deduce de ellos aproximadamente la vida probable que hay en cada edad, y se consigna el resultado en unos documentos llamados tablas de mortalidad además se calcula el producto que da en cierto número de años una suma colocada a interés compuesto, y se forma otra tabla de intereses después se armonizan ambas tablas por medio de cálculos matemáticos, y se forman las correspondientes a las diversas combinaciones del seguro sobre la vida.

Las más notables son el seguro a la muerte y el seguro vitalicio.

En el primero, calculada como hemos dicho la vida probable del individuo, según su edad, y conocido el producto que en el período de tiempo correspondiente a la misma da una suma a interés compuesto, se calcula cuál es la prima que debe pagar el asegurado para que, llegado el término de su vida, puedan recibir sus herederos la cantidad o la renta que él mismo desea, quedando, por supuesto, alguna ganancia al asegurador.

En el segundo caso, conocido el período de duración de la vida, se calcula qué parte de cierta cantidad entregada al contado puede pagarse. durante ese período, de manera que, al término del mismo, se hayan extinguido exactamente la suma recibida y los intereses, más la ganancia de la compañía.

Así se puede, mediante una prima anual, dejar al morir un capital o una renta a tal o cual individuo, una esposa, un hijo, una persona querida. Se puede también, entregando una suma fija en la época del nacimiento de un niño, o pagando por él una prima anual, asegurarle un dote para cuando llegue a su mayor edad. Se puede obtener una renta diferida, esto es, una pensión anual vitalicia, desde cierta edad marcada en el contrato, satisfaciendo una prima fija o anual, que queda en beneficio del asegurador en caso de morir antes de dicha edad el asegurado. Se puede, cediendo todos los bienes que se tengan en favor de una compañía, recibir de ella una renta por toda la vida. Son, en fin, muchísimas las combinaciones del seguro sobre la vida a prima fija, y todas ellas sumamente morales, puesto que tienen por objeto hacer fructificar el ahorro, fundándose en la ley de los grandes números, que realiza siempre las previsiones de los cálculos de probabilidad cuando se ha comprobado cuidadosamente la exactitud de los datos empleados en ellos³²⁸.

Por lo demás, hay, como se ve, una diferencia esencial entre las sociedades de seguros mutuos sobre la vida y las compañías de la misma clase a prima fija. He aquí cómo A. Legoyt la explica³²⁹:

«Las primeras, dice, no adquieren compromiso alguno con los suscritores, no les garantizan ni una renta ni un capital para cierta época; sólo prometen repartir entre los que sobrevivan a la fecha estipulada en el contrato una renta o un capital, cuyo importe depende de la mortalidad de los asociados. De esta manera, si por una parte queda el suscritor en la incertidumbre relativamente a la suma total de las ventajas que el porvenir le reserva, por otra sabe que se aprovechará de todas las ganancias que tenga la sociedad. Por el contrario, las compañías a prima fija prometen un capital para después de la muerte, o bien una renta vitalicia, cuyo importe está determinado de antemano en las tarifas; y si el suscritor tiene la ventaja de conocer inmediatamente, cuando se asegura, cuál será el resultado del sacrificio que se impone, también debe esperar que este resultado será menor del que hubiera obtenido por medio del seguro mutuo, pues las compañías de que se trata, obligadas a garantizar el capital social contra los riesgos de una mortalidad extraordinaria e imprevista, y deseosas además de repartir a sus accionistas el mayor dividendo posible, calculan sus primas con arregla a tablas de mortalidad rápida, es decir, en la previsión de una mortalidad mucho mayor que la probable, y se hacen así pagar sus seguros mucho más caros de lo que valen.»

No obstante, el señor Pastor considera preferible al seguro mutuo el seguro a prima fija: en primer lugar, dice, por el fin sumamente beneficioso que se propone de acumular los ahorros del hombre joven y laborioso para la época de la vejez, sin exponerle a perder el fruto de su trabajo, aumentando con esta pérdida el sentimiento por la muerte de la persona en cuyo favor se hizo el seguro; en segundo lugar, porque las comisiones y descuentos que se hacen por los gerentes de las compañías de seguros mutuos merman bastante el beneficio; y por último, porque todo contrato en que entra por mucho el azar, no puede menos de lastimar más o menos a la moral. Por eso, añade el citado economista, las compañías mutuas van desapareciendo poco a poco, siendo reemplazadas por las de seguros a prima fija. En Inglaterra existen ya innumerables de estas últimas con capitales considerables. En Francia han estado en boga las tontinas hasta hace pocos años; pero ya comienzan a generalizarse las operaciones a prima fija, disminuyéndose las mutuas. En España nos encontramos ahora en el período álgido de la mutualidad, porque han mediado circunstancias especiales que le han favorecido, proporcionando grandes ganancias a esta clase de compañías, de seguros; pero, luego que esas circunstancias cesen, es probable que el seguro a prima fija, casi naciente todavía, obtenga la preferencia que merece³³⁰.

Las Sociedades de socorros mutuos, llamadas en Inglaterra sociedades de amigos, tienen por objeto preservar al suscritor por medio de una cotización mínima, libremente consentida al ingresar en la sociedad, pero impuesta después rigurosamente, de los apuros inherentes a los casos de enfermedad y otros análogos. Son una especie de seguros mutuos contra los días de desgracia. He aquí cómo Mr. Debouteville resume sus ventajas³³¹:

1.ª Se prestan a recibir consignaciones muy pequeñas y muy fraccionadas.

2.ª Obligan a renovar las consignaciones en épocas determinadas y muy inmediatas, estimulando así directa e indirectamente el espíritu de economía.

3.ª Los recursos que crean no son realizables, sino a condición de necesidades reales y determinadas; y estos recursos, aunque insuficientes para cada necesidad, se obtienen por un sacrificio mínimo.

4.ª En un corto número de semanas o de meses, los socios se ponen al abrigo de las necesidades más frecuentes e intensas.

5.ª Sus socorros son proporcionales a la cuota de las consignaciones, y duran mientras se hace sentir la necesidad, porque el capital social se aumenta con las sumas depositadas por los que no enferman.

6.ª Encierran grandes gérmenes de moralización, porque ponen en contacto a los individuos, crean intereses comunes a todos ellos, desarrollan su inteligencia por la práctica de la administración de la sociedad y les hacen ver que el libertinaje y el desorden les privarían a la vez de la estimación de sus coasociados y de los socorros de la caja social.

El escollo de las Sociedades de socorros mutuos está en la exención de la responsabilidad individual. Por esta razón implican una vigilancia mutua de sus individuos, sin la cual se agotarían pronto los fondos sociales. Esta vigilancia constituye la verdadera moralidad de la sociedad; más para ejercerla es menester que la sociedad misma sea circunscrita, local, y que sus reglamentos se pleguen a todas las exigencias de la época.

Las Sociedades de socorros mutuos no deben comprender los casos de falta de trabajo por causa de crisis industriales: en primer lugar, porque esta garantía es la más difícil de realizar; en segundo, porque de ser las crisis naturales hijas de las revoluciones que hacen en la Industria los adelantos científicos, el socorro estimularía al operario a no renunciar a un género de ocupación condenado ya por el progreso; y finalmente, porque la asociación serviría, como se ha visto muchas veces, para mantener las coaliciones que suelen formar los trabajadores cuando los empresarios se niegan a subirles los jornales.

Tampoco deben extenderse las Sociedades de socorros mutuos a asegurar la subsistencia del trabajador en la vejez, porque los retiros se constituyen sobre todo por el ahorro individual y exigen una fuerte cotización para producir al cabo de algunos años una pensión suficiente, mientras que la cotización destinada a socorros es, como hemos dicho, mínima.

Una sociedad política -nación, provincia o municipio- es un conjunto de individuos que, teniendo ciertas afinidades, ya por el territorio que ocupan, ya por la lengua que hablan, ya por otras causas geográficas o históricas, físicas o morales, se reúnen con el fin de vivir libremente, esto es, conforme al derecho que todo hombre tiene por la Naturaleza de usar como le convenga de su persona y de sus bienes mientras, no perjudique a los demás.

Para conseguir mejor este fin, se someten a una institución, que se llama Estado, cuya organización varía según los sistemas políticos, pero cuya misión puede reducirse a definir los derechos, o lo que es lo mismo, a establecer el límite de las libertades individuales, dando a cada cual lo suyo, garantizándole su propiedad y su seguridad individual; en una palabra, realizando la justicia. El Estado suele encargarse además de prestará la sociedad ciertos servicios industriales, llamados servicios públicos, tales como la enseñanza, la construcción de vías de comunicación, los correos, la acuñación de moneda, etc..Y pero no porque éstos sean atribuciones inherentes a aquella institución, sino porque se considera, con razón o sin ella³³², que los desempeña con más ventaja para la sociedad misma que lo harían los particulares.

El Estado no es, pues, a los ojos de la ciencia, sino la institución encargada de definir y realizar el derecho; pero, ya se limitan a este punto, de suyo harto importante, sus funciones, como quieren los economistas radicales, ya se extiendan a la gestión de todos los intereses generales de la sociedad política, como pretenden otros publicistas, siempre resultará que para cumplir su cometido necesita hacer ciertos gastos, sin los cuales le sería completamente imposible lograrlo.

Estos gastos son los que constituyen los consumos públicos.

La suma de riqueza absorbida por ellos se obtiene cediendo la sociedad una parte de su haber, determinada por la Autoridad competente, ya al Gobierno central, ya a las corporaciones provinciales y municipales, que son otros tantos representantes del Estado, para atender respectivamente a las obligaciones de la nación, de la provincia y del municipio. Esta parte se entrega a veces en especie, como sucede en los países atrasados, a veces en dinero, como se hace en los más cultos, y a veces también consiste en ciertos servicios personales que se prestan al Estado y de que todavía quedan algunos ejemplos. Pero, de todos modos, será mayor o menor según las circunstancias en que se halle el Estado mismo, su organización y otra porción de causas diversas.

En general, puede decirse que los consumos públicos aumentan en absoluto con la cultura y civilización de los pueblos. Este hecho, dice H. Passy³³³, es una consecuencia natural de las necesidades que emanan del progreso. Nunca se desarrollan la industria y la riqueza sin que las poblaciones reclamen en favor de los bienes y de las personas más amplias garantías de seguridad. Justicia, administración, policía, vías de comunicación, instituciones de utilidad pública, todas estas cosas son objeto de extensiones y perfeccionamientos costosos, y así es que cuanto más florecen las sociedades, más se elevan gradualmente las cargas que sobre ellas pesan. Pero no por eso se detiene su prosperidad; pues, si bien es cierto que crecen los gastos, también crece el bienestar público en una proporción muy superior a los sacrificios que exige. El Imperio romano sucumbió bajo el peso de cargas que hoy juzgarían leves las provincias que le formaban, y todos los gobiernos de Europa gastan ahora en sus atenciones una suma cuatro veces mayor que en el siglo XVII, con menos gravamen para los pueblos.

Esto consiste en el aumento que ha tenido la riqueza, y en el orden, siquiera sea todavía imperfecto, que se ha introducido en la gestión de los intereses del Estado y en la administración de la Hacienda pública. Las naciones libres, sobre todo, han adoptado en este punto un sistema riguroso de cuenta y razón, que consignan en documentos oficiales, llamados presupuestos, y que, examinado escrupulosamente por delegados o representantes elegidos para ello, no permite que se eleven arbitrariamente los gastos de los gobiernos.

Pero la causa que más influye en los consumos públicos es el sistema político bajo el cual se verifican. Un gobierno provisto de muchas atribuciones, encargado de desempeñar un gran número de servicios industriales, que intervenga en las empresas particulares para protegerlas, dirigirlas o fiscalizarlas, que subvencione o construya por sí mismo las vías de comunicación, que sostenga el culto, que proporcione la instrucción, que dispense la beneficencia, tendrá naturalmente más gastos que otro en que todas estas cosas se ejecuten por la actividad privada. Una constitución que confiera a la Autoridad central grandes facultades, que ponga a sus órdenes ejércitos poderosos, que exija un número excesivo de agentes oficiales, no puede ser tan económica como otra en que los municipios y las provincias gestionen con independencia sus intereses, en que la Administración sea poco complicada y se fíe la conservación del orden social a la eficacia de la ley más que a la presión de la fuerza bruta.

Por esta razón conviene que los pueblos se lo hagan todo por sí mismos y no confíen al Estado más que aquellos servicios generales que ellos desempeñarían con menos ventaja o no podrían desempeñar de modo alguno: la justicia, la policía, la Hacienda pública, la defensa del territorio, las relaciones. con los demás países. Así proceden las naciones más civilizadas, que son también las más libres, Inglaterra, Suiza, los Estados-Unidos, y el ejemplo de su prosperidad y de su poder, de su riqueza y de su tranquilidad interior, demuestra bien claramente la bondad de este sistema.

«El mejor plan de Hacienda, dice J. B. Say, es el de gastar poco»: el mejor gobierno, diremos nosotros, es el que menos atribuciones tiene, porque es también el que gasta menos.

Todo exceso, por pequeño que sea, en los consumos públicos produce males incalculables para la sociedad como para los individuos, introduciendo en la primera un germen de corrupción, por los abusos que da ocasión de cometer a los gobiernos, y amortiguando en los segundos la actividad, por la riqueza de que indebidamente los priva y que era la recompensa de sus esfuerzos.

No es esto decir que en la dirección de la república se atienda exclusivamente a disminuir los gastos, cualquiera que sea el objeto a que se apliquen. Las obligaciones del Estado son sagradas, y cuando realmente tienen por objeto satisfacer necesidades sociales, no debe perdonarse sacrificio alguno para cumplirlas. La economía bien entendida está tan distante de la falta de administración y de gobierno como del despilfarro de la riqueza pública. Una política económica sabrá conciliar el orden, la seguridad individual, la libertad, que son las bases fundamentales de la sociedad civil, con el respeto debido a todos los intereses legítimos.

Por lo demás, los consumos públicos pueden ser productivos o improductivos, según los resultados que de ellos se obtengan. Estos consumos, dice J. B. Say³³⁴, afectan a la riqueza de la misma manera y se rigen por los mismos principios económicos que los gastos privados. No hay dos especies de economía, como tampoco hay dos clases de honradez o de moralidad. Un gobierno ejercerá, lo mismo que un particular, una industria productiva, si hace consumos de los cuales resulte un valor superior o equivalente al gastado: por el contrario, si este valor es nulo o menor del que empleó en la producción, habrá consumido improductivamente. Las municiones de boca y de guerra, el tiempo y los trabajos de los funcionarios civiles y militares que han servido al Estado, desaparecen, a la verdad, como los artículos y los servicios consumidos por una familia. Pero si han servido para satisfacer necesidades reales, si esta satisfacción se ha verificado en buenas condiciones, el resultado obtenido bastará para compensar el sacrificio que ha costado, al paso que si esas necesidades no existían, el gasto hecho para satisfacerlas habrá sido una pérdida irreparable.

La calidad del consumidor, dice también J. Garnier³³⁵ no altera la naturaleza del consumo. Las naciones, las provincias, los municipios, hacen gastos enteramente análogos a los de los particulares, y que, como éstos, pueden ser productivos o improductivos. El problema consiste aquí únicamente en determinar el mayor o menor grado de productividad del consumo, y si esta determinación es ya dificilísima cuando se trata de la construcción de canales, carreteras, caminos de hierro y demás obras llamadas de utilidad pública, considérese cuánto más lo será en las obras de ornamentación y de arte. Así es que en tales casos las cuestiones suelen resolverse por la pasión o el sentimiento, antes que por el cálculo o el interés bien entendido.

Sin embargo de lo dicho, algunos economistas califican todo consumo público de absolutamente improductivo, fundándose en que de él no resulta un producto material, equivalente a lo menos al valor consumido, como si no hubiera también producciones inmateriales, y una de ellas, quizá de las más importantes, la que el Estado hace. El Estado, en efecto, no produce una riqueza tangible, pero da en cambio origen a productos sin los cuales no podría obtenerse ninguna; sostiene la fuerza militar, la magistratura, la administración, la policía, y devuelve a la sociedad, en forma de libertad, de orden, de seguridad individual, en una palabra, de justicia, valores que representan con creces el capital por ella invertido.

Otros suponen, por el contrario, que los gastos públicos, de cualquier modo que se apliquen, activan siempre la producción de la riqueza, y en esta creencia recomiendan en los tiempos de crisis económicas, como un poderoso remedio a los males que entonces sufre la Industria, que los altos dignatarios, los magnates, el monarca mismo, den fiestas, saraos, bailes y otras diversiones que, exigiendo el consumo de ciertos artículos, provoquen una, gran demanda de ellos, y por consiguiente proporcionen ocupación a muchos brazos, beneficios pingües para los fabricantes y jornales altos para los operarios. Pero estas personas, no ven que, si por tales medios se estimulan artificialmente ciertas industrias, es a costa de ottas, no menos atendibles; que los capitales empleados en objetos de lujo se pierden sin compensación alguna, y que esta pérdida afecta a la fortuna de los particulares, que se arruinan, lo mismo que a la fortuna pública, cuyos elementos productivos se disminuyen.

La doctrina de la productividad de todo consumo publico fue ya sostenida por Federico II de Prusia, quien, para justificar sus continuas guerras, escribía al filósofo enciclopedista D'Alembert:

«Mis numerosos ejércitos hacen circular las especies y derraman en las provincias los subsidios que los pueblos suministran a mi gobierno.»

A lo cual contesta J. B. Say muy acertadamente³³⁶:

Para el abastecimiento de un ejército entran dos valores en manos del Gobierno o de sus agentes: 1.º el valor de los subsidios; 2.º el valor de las provisiones. El Gobierno paga, a la verdad, el segundo a los contratistas que le suministran; pero no da nada por el primero a los súbditos que se le proporcionan: recibe, por consiguiente, como dos y sólo restituye como uno. La unidad. restante se pierde completamente, y la riqueza pública se disminuye en tanto cuanto importa el consumo hecho por el ejército.

Precisamente los consumos públicos más improductivos, como observa muy bien Flórez Estrada³³⁷, son los que ocasionan las guerras injustas; porque éstos, no solamente no producen riqueza alguna, sino que destruyen la que ya existía, sumiendo a los pueblos en el abatimiento y la miseria. Siguen después los que se destinan a sostener un exceso de empleados o sinecuristas, los cuales perjudican a la producción de dos maneras: gravando a la sociedad con gastos estériles, y privando de brazos útiles a la Industria. Por último, vienen los consumos que hacen los Gobiernos en objetos de lujo; pues éstos no se limitan a impedir que el capital social se aumente, como sucede con los privados de la misma clase, sino que le disminuyen de un modo positivo, absorbiendo muchas veces una parte de la riqueza que como capital hubieran empleado los particulares. Un Gobierno disipador, dice también J. B. Say, tiene menos excusa que un particular, porque éste al fin sólo consume los productos que le pertenecen, mientras que aquél es un mero administrador de la fortuna pública. La parsimonia en los gastos del Estado no está reñida con el genio que inspira los altos hechos políticos. Carlo Magno conquistó la Italia, la Hungría y el Austria, rechazó a los Sarracenos, obtuvo el título de emperador, llegó casi a realizar en Europa el sueño de la Monarquía universal, y sin embargo observaba, según refiere Montesquieu³³⁸, una regla admirable en todos sus gastos, administraba perfectamente sus dominios, y llevaba su espíritu de economía hasta el punto de vender los huevos sobrantes de sus gallinas y las yerbas inútiles de sus parques.

Los consumos públicos, añade Flórez Estrada³³⁹ forman una parte tan considerable del gasto total de la sociedad, que en las más de las naciones llegan a la sexta, quinta y aun la cuarta del producto anual; de consiguiente, su influjo es muy poderoso en la suerte de los pueblos, y por leves que sean los errores económicos de los Gobiernos, oponen un obstáculo insuperable al desarrollo de la Industria. Nada, por el contrario, más útil que establecer una economía rigurosa en los gastos del Estado, pues así y sólo así es como pueden prosperar las naciones, así es como pueden llevarse a cabo las grandes empresas.

Hay dos maneras de subvenir a los consumos públicos: las contribuciones y los empréstitos,

Llámase contribución, impuesto, pecho, talla, tributo o subsidio, aquella parte del haber de los particulares que se destina directamente a satisfacer las necesidades del Estado.

Se da el nombre de empréstito a todo préstamo que toma o toda deuda que contrae el Gobierno con el mismo objeto, haciendo uso del crédito que por su destino se denomina crédito público.

¿En qué casos se recurrirá al primer medio y en qué otros al segundo?

Es evidente que una nación, lo mismo que un particular, debe procurar en lo posible limitar sus gastos a lo que buenamente le permitan sus rentas. Todo lo que exceda de este límite ocasiona una disminución en los capitales existentes y conduce a la larga a la ruina y la miseria. El que vive de prestado sacrifica el porvenir al presente y se condena a una muerte anticipada y segura. Sólo es lícito contraer deudas cuando hay que satisfacer una necesidad urgente e imprevista, o bien cuando se trata de aumentar los fondos productivos con la esperanza fundada de obtener un suplemento de productos.

De aquí se deduce que las contribuciones constituyen la única fuente de donde conviene sacar los recursos indispensables para cubrir las atenciones ordinarias del Estado, al paso que los empréstitos deben reservarse para ciertas eventualidades extraordinarias y a las cuales no hay otro medio de hacer frente.

¿Cuáles son unas y otras?

Para nosotros, las atenciones ordinarias se reducen: 1.º a mantener la existencia política del país, su independencia, su autonomía; 2.º a asegurar la vida y la libertad individual de los particulares; 3.º a garantizar la propiedad pública y privada; 4.º a satisfacer con toda regularidad los intereses de la deuda y extinguirla paulatinamente.

Fuera de éstas, no vemos otras que se hallen a cargo del Estado, dada la misión que la ciencia económica lo atribuye.

Por consiguiente, la fuerza armada -en los límites que exijan la salvaguardia nacional, el respeto a todos los derechos y la tranquilidad pública- la magistratura, la policía jurídica y sanitaria, la administración de la Hacienda, la representación popular, las relaciones internacionales, deben ser sostenidas con el producto de las contribuciones exclusivamente.

En cuanto a las eventualidades extraordinarias a que se halla expuesto un Estado, ya se comprende que son muy diversas, pero todas ellas pueden reducirse a una guerra justa, una revolución intestina o la construcción de grandes obras de utilidad pública. Ahora bien: para tales casos está el recurso poderosísimo del crédito público.

«Efectivamente, nunca es subido, como dice muy bien B. Carballo³⁴⁰, el precio a que se compra la libertad y la independencia, objetos carísimos ante cuyas aras hace el hombre de sentimientos generosos la ofrenda de su fortuna y de su vida. Nuestros hijos y nuestros descendientes no nos perdonarían nunca el que nos las hubiésemos dejado arrebatar impunemente y tan sólo animados por un exceso de economía...............................................................................................................................................................................

En un caso semejante debe procederse atentamente, atemperándose a las circunstancias en que se encuentra el país. Debe aumentarse la contribución hasta donde sea posible; pero si, a pesar de este aumento, no se puede llenar completamente el objeto a que se aspira, o si de tal suerte se han de lastimar las fuentes de la producción que pueda resultar de aquí la decadencia. del país, es preciso cubrir el déficit con el crédito. Lo mismo exactamente se debe hacer cuando se trata de reparar los males que una revolución ha producido. La situación de un país, cuando acaba de ser teatro de acontecimientos de una índole tan funesta a los intereses materiales, ni es la más lisonjera ni la más a propósito para recargar los impuestos y agregar por este medio, si así podemos expresarnos, una aflicción más al afligido. La producción misma se encontrará quebrantada después que han imperado por algún tiempo la desconfianza y la inseguridad, y si es forzoso remediar los males causados, debe apelarse al crédito antes que a los impuestos, debe apelarse a este recurso antes que a un aumento exagerado de cargas. Pero hay también otro caso en que las naciones pueden echar mano de él, y es el empleo de capitales en objetos de utilidad pública, cuando los progresos de la civilización y el desarrollo portentoso de la producción exigen imperiosa y apremiantemente su construcción. Los caminos de hierro, los canales, los caminos locales y provinciales, los telégrafos, puertos, dársenas y arsenales pertenecen a esta clase, y la imperiosa ley de la necesidad los reclama con premura en toda nación medianamente adelantada, en particular hoy que el movimiento es la vida de la sociedad. Empresas de esta naturaleza exigen grandes gastos y sacrificios, que no siempre es dado ir a buscar en, los recursos ordinarios. Y aun cuando el estímulo y el interés privado puedan mejor que los gobiernos satisfacer estas exigencias, son de tal importancia y magnitud que en muchos casos se hace por lo menos necesaria la cooperación social. Los empréstitos contraídos con destino a empresas de esta clase se salen de la esfera de los demás empréstitos y vienen a convertirse en creaciones productivas, beneficiosas para la producción y capaces de proporcionar al capital que representan un interés y una amortización más pronta o más remota.»

Por otra parte, hay que tener presente que el mantenimiento del orden y de la independencia nacional, lo mismo que la construcción de carreteras, canales y demás obras de utilidad pública, son beneficios que alcanzan, no sólo a la generación actual, sino también a las generaciones venideras, y que es por consiguiente justo que éstas contribuyan a sufragar los gastos hechos con tales objetos. Ahora bien: el único medio de conseguirlo es apelar al crédito público, verdadera letra de cambio girada sobre la posteridad -para valernos de la feliz expresión de un publicista- por medio de la cual se hace partícipes a todas las generaciones de los sacrificios que de otro modo pesarían sobre una sola, y esta razón justificaría plenamente, a falta de las anteriormente dadas, la aplicación que pedimos para los empréstitos. Querer sustituirlos en el caso de que se trata con las contribuciones, emplear los recursos del presente en la creación de productos que ha de aprovechar sobre todo el porvenir, sería tanto como negar la solidaridad humana en el tiempo, desconocer los lazos que unen entre sí a los hombres de todas las edades y todos los pueblos. ¡Cómo! ¡La sociedad de hoy hace los experimentos más peligrosos, expone sus capitales y la ida de sus individuos, sufre las crisis causadas por los adelantos de la Industria, produce, a costa de los mayores trabajos, bienes destinados a ser el patrimonio de todos, y ella sola habría de soportar las pérdidas, dejando a las que le siguen las ventajas de sus empresas! Confesemos que semejante abnegación excedería todos los límites del deber, y que si no hay razón para echar sobre nuestros sucesores el peso de la carga común, tampoco es justo que recaiga entero sobre nuestros débiles hombros.

Como se ve, las contribuciones y los empréstitos tienen respectivamente marcada su aplicación, según los casos. Las primeras constituyen el fondo general de los consumos públicos; los segundos son un recurso excepcional de que sólo debe echarse mano en circunstancias también excepcionales.

No obstante, ha habido economistas que han recomendado los empréstitos, como el mejor medio de subvenir a los gastos del Estado.

Así Pinto afirmaba que las deudas públicas aumentan la riqueza social en todo el importe del capital que representan³⁴¹.

Melon sostenía que los intereses de un empréstito, cuando ha sido suscrito por la misma nación, se pagan con la mano derecha a la mano izquierda³⁴².

Condorcet veía una ventaja en esta clase de empréstitos, porque, según él, impiden que los capitales del país emigren al extranjero.

Un Estado que no debe más que a sus propios súbditos, decía Voltaire, no se empobrece; sus deudas son un nuevo estímulo para la Industria³⁴³.

Se ha dicho también que los empréstitos favorecen la circulación del dinero; que fomentan el ahorro y la previsión de los particulares, a causa de la cómoda colocación que ofrecen a los capitales; que crean lazos indisolubles entre el Gobierno y los súbditos, haciendo a los acreedores del Estado solidarios de sus destinos y fijando en el país la fortuna mobiliaria, tan movediza y aventurera de suyo.

Todos estos argumentos son otros tantos sofismas.

Un empréstito, en efecto, no puede aumentar la riqueza sino en tanto que se destine a la producción, y el Estado no puede siempre darle semejante destino, por la sencilla razón de que no es un industrial capaz de convertir en capitales los fondos que se le confían.

Aun cuando los intereses de la deuda pública se pagasen con la mano derecha a la mano izquierda, no es indiferente despojar a la mano que trabaja para enriquecer a la mano que disipa. Con la doctrina de Melon no habría robo que no pudiera justificarse, porque el dinero robado no desaparece; si sale de una mano es para pasar a otra, y toda la diferencia estriba en el uso que de él haga el que le posee.

En cuanto al estímulo que los empréstitos dan a la Industria, sería preciso para justificar la aserción de Voltaire que el dinero tomado a préstamo recibiese siempre una aplicación reproductiva, lo cual está muy lejos de suceder. Muchas veces se gasta en empresas insensatas, y aun en los casos en que se emplea en obras públicas, ¿acaso los particulares, más conocedores de las necesidades de la Industria, más celosos por su propio interés del fomento de la riqueza, no le hubieran dado un destino igualmente útil?

¡Que los empréstitos favorecen la circulación! Pero ¿de qué circulación se trata? ¿De una simple dislocación de los capitales empleados en la Industria? Esta es por sí misma insignificante y puede ser funestísima. La circulación, hemos dicho en otro lugar³⁴⁴, no consiste sólo en el movimiento: no basta trasladar de un punto a otro o de una a otra persona los capitales para crear la riqueza.

Por lo demás, importa mucho ciertamente que los capitales no emigren al extranjero; pero si han de consumirse improductivamente en casa, vale más emplearlos reproductivamente fuera; al menos en este caso obtenemos una ganancia que nada nos cuesta, puesto que otros se encargan de pagarnos los intereses, mientras que en el primero perdemos para siempre una parte de la riqueza. Si cada nación quisiera retener en su seno los capitales que posee, ¿qué harían de ellos las ricas? ¿Y cómo vivirían sin su concurso las pobres? Déjeselos en libertad, y los capitales buscarán el destino más lucrativo e irán allí donde más se necesiten.

No son tampoco los empréstitos el mejor estímulo para el ahorro ni la mejor colocación para los capitales, por muchas ventajas que a los particulares ofrezcan. Sólo el trabajo activa la Industria, sólo las costumbres que él crea inspiran el amor y el hábito de la economía: las deudas públicas, por el contrario, agotan la fuente misma de la producción e impiden la acumulación de la riqueza: los acreedores del Estado, exentos de todo cuidado que no sea el de cobrar con regularidad sus rentas, ni contribuyen al sostén de las cargas públicas, ni son en la sociedad más que unos parásitos que viven a expensas de los pueblos. Más aún: esta clase no se halla en el camino de la fortuna; antes bien, cada día se empobrece y se arruina. No sólo pierde, dice G. du Puynode, sus capitales acumulados bajo la forma de educación intelectual, de experiencia, de conocimientos especiales, sino que, no aumentándose sus rentas al compás de la riqueza social, su posición desciende continuamente. El que poseía 10.000 francos de renta hace cuarenta años era rico, mientras que hoy no pasa de una modesta medianía, y aunque vendiese sus títulos a un precio proporcionado al que tienen los artículos de consumo, nunca podría satisfacer más necesidades que al adquirirlos; es así que las necesidades se aumentan todos los días, luego el progreso empeora en realidad la condición del rentista.

Finalmente, la mejor si no la única salvaguardia de los Estados está en el bienestar general, y no es seguramente entrampándose como los gobiernos se ponen al abrigo de revoluciones y cambios políticos: por el contrario, una rigurosa economía, una buena administración, son para ellos garantías de duración mucho más sólidas que la adhesión insegura de algunos miles de acreedores, dispuestos a inquietarse y a sembrar la alarma por el menor síntoma de desorden.

Lo repetimos: los empréstitos son uno de esos medios a que no debe apelarse sino para sufragar los gastos que el Estado hace en beneficio de la generación actual, lo mismo que de las venideras, y a que por consiguiente es justo que unas y otras contribuyan proporcionalmente. Y al decir esto, nos referimos a los empréstitos voluntarios, pues en cuanto a los llamados empréstitos forzosos, más bien que préstamos son unos tributos disfrazados, que nunca devuelven a los acreedores del Estado el equivalente de sus sacrificios. ¿Por qué se apela a ellos en efecto? Por el temor de no hallar suscritores al tipo que se fija: luego estos empréstitos se reducen a una expoliación repartida arbitrariamente, a una confiscación encubierta con una mentira. Así es que no se practican sino en aquellos Estados que no tienen ni crédito ni recursos.

Las deudas públicas sólo pueden justificarse por consideraciones de absoluta necesidad o de utilidad suma. Fuera de estos casos extremos, causan tantos daños a la Industria, que conviene más, para llenar el déficit del Tesoro, imponer nuevos sacrificios a los pueblos.

Ellas, en efecto, arrebatan, como dice muy bien J. S. Mill³⁴⁵, los capitales empleados en la producción o que estaban destinados a este empleo, y privando a los brazos laboriosos de su fondo remunerador, disminuyen la demanda del trabajo y por consiguiente su precio, obrando en realidad como si el importe de la deuda se percibiese sobre la cuota de los salarios.

Ellas, como observa Mac-Culloch³⁴⁶, engañan al público, exigiéndole por el momento pequeños desembolsos, que después van aumentando sucesivamente hasta formar una carga abrumadora de que es muy difícil librarse.

Ellas dan ocasión al agiotaje de las Bolsas, verdadero juego de azar, donde los unos juegan muchas veces a cartas vistas, es decir, con datos seguros, sobre el alza y baja inminentes de los efectos públicos, mientras los otros se dejan llevar de un ciego espíritu de especulación, improvisándose así tantas bancarrotas y tantas fortunas, fomentándose la disipación, que devora siempre las riquezas mal adquiridas, y corrompiéndose las costumbres.

Ellas, en fin, favorecen los proyectos de príncipes soberbios, dándoles medios indefinidos de hacer guerras desastrosas, cuyo objeto menos censurable, según la acertada observación de Flórez Estrada³⁴⁷, es precaver riesgos imaginarios o satisfacer resentimientos pueriles.

Sólo en las guerras que provocó el establecimiento de la primera república y del primer imperio en Francia, gastó la Europa la enorme suma de 36.000 millones de francos.

Desde 1848 hasta 1862, la deuda de Europa, entregada de nuevo al demonio de las revoluciones y de las batallas, se ha aumentado en cerca de 8.000 millones de la misma moneda.

¿Qué más? En el espacio de 10 años, comprendidos entre 1852 y 1862, la suma de los empréstitos contraídos en todo el mundo ha ascendido a 12.500, millones de francos.

He aquí, exclama G. du Puynode, las cargas que pesan hoy sobre los pueblos; he aquí la funesta herencia que nos ha dejado el pasado y que nosotros legamos al porvenir. ¡Qué de tristeza y de lágrimas encierran esos guarismos! ¡Qué de ruinas y desgracias representan! ¡Qué de obstáculos crean al ideal de bienestar y de ventura, con que Dios ha convidado a la Humanidad! ¡Y cuán diferente sería la suerte de nuestra generación si tantas riquezas estérilmente gastadas, tantos capitales inútilmente destruidos se hubieran empleado en fecundar la Industria, en activar el comercio, en fundar instituciones de previsión, de crédito y de enseñanza! ¡Ah! Es raro que la página de las revoluciones y de los combates no comience con una palabra de esperanza; pero termina siempre con una inscripción de duelo. ¡Maldito mil veces sea el crédito público, si no ha de servir más que para lanzar a los pueblos y a los gobiernos en empresas insensatas, en agitaciones sangrientas, en matanzas y depredaciones inicuas!

Puesto que una sociedad política no puede vivir sin un Estado que administre o gestione sus intereses; puesto que esta institución tiene atenciones, ya ordinarias, ya extraordinarias, imprescindibles; puesto que las, primeras deben cubrirse con el producto de las contribuciones, es evidente que lo que hay que fijar ante todo, al tratar de las contribuciones, es la suma indispensable para conseguir tan sagrado objeto.

Esta suma representa una cantidad determinada, de que no puede privarse absolutamente al Estado, so pena de poner en peligro la sociedad, y que, dada una situación política, una época, un grado de civilización, no es susceptible tampoco de aumentarse o disminuirse a voluntad del legislador; pues lo primero sería defraudar a la sociedad en una parte de su riqueza, lo segundo dificultar el cumplimiento de la misión del Estado por falta de medios, y en ambos casos causar un grave perjuicio a los pueblos.

La cantidad estrictamente precisa para cubrir las atenciones ordinarias del Estado constituye, pues, la suma imponible, o como dice el señor Pastor³⁴⁸, la base de imposición de los tributos.

Para calcular esta suma, no deben tenerse en cuenta ni el capital ni la renta del país; cualesquiera que ellos sean, el Estado no puede menos de gastar lo que exige el buen desempeño de sus funciones, y por lo tanto hay que proporcionárselo irremisiblemente. La suma imponible no depende tanto de la fortuna de los pueblos como de sus necesidades generales.

Esta doctrina, perfectamente demostrada por el señor Pastor³⁴⁹, contradice la expuesta por A. Smith³⁵⁰ y admitida después por todos los economistas, según la cual el importe total de la contribución debe estar en relación con la renta líquida del país.

«La primera regla, dice G. du Puynode³⁵¹, que ha de tener presente el legislador que crea un impuesto, es la de no afectar más que a la renta. El buen sentido basta, en efecto, para demostrar que toda exacción anual debe hacerse sobre lo que renace y se renueva anualmente. Sólo la cosecha da con que pagar el diezmo. El impuesto deducido del capital conduce forzosamente a la sociedad a los vicios y los sufrimientos, de la miseria; más aún: cesa muy pronto de alimentar el Tesoro público, porque, tomándose del fondo social, llega un día en que este fondo desaparece completamente.»

«Los mismos resultados produciría si no dejase a los particulares, después de haberse reintegrado de sus gastos, bastantes productos para que se sintiesen estimulados a la Industria más bien que a la ociosidad, a la vida activa más que a la inútil inercia. ¿No limitaría, en efecto, todo el porvenir de la sociedad a algunos cortos placeres, a algunos goces momentáneos, si no permitiese aumentar la masa de la riqueza, dejando acumularse cada año nuevos capitales?»

«Cuando hablo de la renta sobre la cual debe percibirse el impuesto, me refiero, como se ve, a la renta líquida³⁵². ¿Qué importa; en efecto, la renta total³⁵³ para asegurar el bienestar y permitir el ahorro? Es un principio exactísimo que el Estado no puede tener fuerza sino en razón de la renta líquida, porque todo lo que se necesita para la producción es tan inherente a las necesidades de los particulares consagrados a ella, que no puede disminuirse en lo más mínimo. La renta líquida es la renta verdadera, es la cosecha después de deducidos los gastos, es la herencia después de pagadas las deudas.»

A lo cual contesta el Sr. Pastor muy acertadamente³⁵⁴:

¿Quién ha dicho que el único objeto de la sociedad es el aumento de su riqueza? El error de la teoría de A. Smith consiste en haber considerado la sociedad política como si fuera industrial, en cuyo caso su exclusivo objeto deberían ser las ganancias, y por consiguiente los impuestos considerarse como rebaja de éstas; pero no es así. El objeto de la sociedad política consiste en la conservación de la vida y los haberes de los asociados, o por mejor decir, de sus derechos naturales, civiles y políticos: por consiguiente, la sociedad debe contribuir a sus cargas con arreglo a esta base. Si el principio de los economistas fuera exacto, la sociedad no debería apartarse de él. ¿Y por ventura puede hacerlo? Supongamos que una nación se ve atacada por otra, que la invade y trata de conquistarla: en este caso, si no le fuera posible defenderse con el producto de los impuestos, deducidos de las rentas líquidas, ¿debería desistir de la defensa y dejarse conquistar, siempre que el conquistador le ofreciera sujetarse a este límite? Nadie podrá convenir en semejante absurdo; porque la independencia nacional es una necesidad sagrada, a cuya satisfacción debe sacrificarse, no sólo el capital social, sino la vida misma de los particulares. Se dirá: no ajustándose las contribuciones a la medida de la renta, 1a nación se arruinará, y por consiguiente se atentará también a su existencia. En buen hora: cierto es que las contribuciones deben guardar relación con la riqueza nacional; más no porque ésta haya de ser la base de su imposición, sino porque, siendo el objeto de la sociedad proporcionar a sus individuos las mayores garantías posibles de seguridad y de libertad, naturalmente ha de constituirse del modo que menos sacrificios exija. La economía en los gastos públicos es seguramente un interés muy atendible, pero en este caso secundario y que cede ante otra consideración primordial, la realización de los fines sociales.

Y más adelante añade el citado economista³⁵⁵:

Cuando un país se encuentra atacado por otra potencia, merma su riqueza sus relaciones mercantiles se interrumpen, se paraliza la exportación, se disminuyen los consumos, y por consiguiente los productos bajan. Deberían, pues, en este caso rebajarse las contribuciones por el sistema de los economistas, y sin embargo, entonces es cabalmente cuando la conservación de la existencia política, que es la primera necesidad de las naciones como de los individuos, exige que se aumenten aquéllas, para atender a los gastos extraordinarios que la guerra ocasiona; y resulta que el impuesto es mayor siendo menores los productos netos. Por el contrario, cuando se halla asegurada la paz de la nacion; cuando la tranquilidad pública descansa en las garantías de un gobierno ilustrado y celoso por la prosperidad general; cuando no hay temor alguno de trastornos, y por consecuencia la riqueza pública se fomenta y crece y se extiende por todas las clases, y la población se multiplica y la felicidad progresa, entonces puede aminorar sus medios de defensa, cercenar sus ejércitos, disminuir sus agentes, y por lo tanto rebajar la totalidad del impuesto; al paso que, según el sistema de los economistas, debería aumentarse, puesto que se aumentan los productos netos.

Lo repetimos: la suma imponible no se calcula por la fortuna del país, sino por sus necesidades generales. Y no haya temor de que éstas sean nunca superiores a aquélla; porque, en primer lugar, las necesidades de los pueblos no crecen ordinariamente sino al compás de la riqueza, y en segundo, no hay nación, por pobre y atrasada que se halle, que carezca de los medios suficientes para sostener un gobierno adecuado a sus circunstancias sociales.

Pero, una vez fijada la suma imponible, ¿cómo deberá repartirse entre los particulares? o en otros términos: ¿cuál será la base de la distribución de los impuestos?

Esta base, dice el señor Pastor³⁵⁶, es distinta de la de imposición, y para convencerse de ello no hay más que considerar el objeto de una y otra. La imposición total consiste en la suma de gastos indispensables para realizar el fin del Estado; la cuestión que envuelve es la siguiente:

¿Qué es lo absolutamente preciso para la conservación, seguridad y sostenimiento de las garantías de la sociedad y sus individuos?

Pero en la distribución se ha de buscar la solución de esta otra:

Dada tal cantidad, indispensable para cubrir las atenciones públicas, ¿por qué medios debe obtenerse?

Considérese cuánto distan ambos problemas: en la base de imposición se atiende esencialmente al bien de la sociedad; en la de distribución, al de los particulares.

Aquí se presentan naturalmente dos cuestiones:

1.ª Quiénes deben contribuir.

2.ª En qué medida debe hacerlo cada uno de ellos.

Ahora bien: es evidente que, representando el Estado a todos los individuos de la sociedad, concediendo a todos su protección, garantizando a todos indistintamente el libre ejercicio de sus derechos, todos sin distinción alguna están obligados a sufragar los gastos que para ello se necesitan. Este es un principio de justicia, proclamado ya con el nombre de igualdad ante la ley en todas las naciones cultas, y en virtud del cual, ni puede admitirse privilegio alguno ni se reconocen otras exenciones que las que proceden de las desigualdades mismas de la Naturaleza.

Así las mujeres y los menores están exentos de ciertos deberes legales que alcanzan a todos los demás súbditos de un Estado, pero sólo por razones de equidad y atendida la debilidad del sexo y de la edad, que física y moralmente incapacita para cumplirlos: de la misma manera se hallan libres de todo tributo los mendigos, los pobres de solemnidad y todas aquellas personas que, por circunstancias especiales, ya permanentes, ya transitorias, carecen de medios de subsistencia; porque si no poseen lo suficiente para mantenerse, ¿cómo han de poder subvenir a los gastos del Estado? Al que no tiene, dice un adagio vulgar, el rey le declara libre, y la sociedad no puede hacer ciertamente menos en favor de un desvalido, que acogerle gratuitamente bajo la salvaguardia de las leyes.

Pero fuera de estas personas, a nadie puede dispensarse de la contribución: en primer lugar, porque a nadie se priva de las garantías legales, ni puede nadie renunciar a ellas más que expatriándose o emigrando; en segundo, porque todo lo que los unos dejasen de satisfacer tendrían que suplirlo los otros, y esto sería una expoliación, un ataque a la propiedad de los contribuyentes, siempre sagrada e inviolable.

Todos los particulares, a excepción de los incapacitados por su pobreza, deben, pues, contribuir al sostén de las cargas públicas: falta sólo determinar la medida en que ha de hacerlo cada uno, o sea la contribución individual, la cuota contributiva, y para ello nos bastará recordar la misión que al Estado hemos atribuido.

El Estado, hemos dicho, es una institución encargada de velar por las vidas y haciendas de sus súbditos, o sea por su libertad o su propiedad; puede, por lo tanto, considerarse como el gerente o representante de una sociedad de seguros mutuos, en que los asegurados son los súbditos mismos y la prima del seguro la cuota contributiva.

Ahora bien: en toda sociedad de seguros la prima está siempre en relación con la intensidad del riesgo que se corre y con la extensión del seguro, esto es, con el valor de las cosas que son objeto del mismo.

Los súbditos de un Estado corren todos un riesgo igualmente intenso; porque las causas que pueden darle origen, los ataques a la libertad y a la propiedad, ya individuales, ya colectivos, los conatos de robo y de homicidio, las tentativas revolucionarias, las asechanzas de las potencias extranjeras, pesan igualmente sobre todos; de modo que, bajo este punto de vista, todos deberían pagar la misma prima, la misma cuota contributiva.

Pero no sucede así respecto de la extensión del seguro. Este recae sobre dos objetos diversos:

l.º La vida, la libertad, los derechos de los particulares, que reciben del Estado la misma garantía; porque ya hemos dicho que ante la ley todos ellos son iguales.

2.º Las haciendas, las propiedades, cuyo seguro depende de su importancia, o sea del valor que representan.

Luego debe haber dos contribuciones distintas:

Una personal, o sobra las personas, que paguen por igual todos los súbditos, con las excepciones antedichas;

Otra real, o sobre las propiedades, que esté en relación con el valor de las mismas.

La dificultad estriba aquí únicamente en determinar qué parte de la suma imponible ha de imputarse a la contribución personal, y qué otra a la contribución real, no pudiendo separarse los gastos que respectivamente ocasionan el seguro de las personas y el de las propiedades, puesto que son comunes y se confunden en una misma protección las garantías que el Estado presta a unas y a otras.

Pero aún esta dificultad no nos parece insuperable. Baste por ahora decir, sin entrar en pormenores ajenos a nuestro propósito, que los ataques a la propiedad son mucho más frecuentes que las agresiones contra la seguridad individual, a la cual se atenta muchas veces para asegurar el éxito o la impunidad del robo a mano armada, y por consiguiente que sobre la propiedad debe pesar la mayor parte de la suma imponible, dejando sólo una porción de ella, relativamente pequeña, para ser cubierta con el producto de la contribución personal.

Tales son, en resumen, nuestras ideas sobre la base de la distribución de los impuestos, las cuales, si en su principio se apartan, bastante de las generalmente admitidas, no tanto en sus consecuencias o resultados. Pero este principio suscita objeciones de que debemos hacernos cargo.

«En primer lugar, dice J. S. Mill³⁵⁷, no es cierto que el Gobierno no deba servir más que para la protección de las personas y las propiedades. El Gobierno existe para los mismos fines que la sociedad: debe hacer todo el bieny evitar todo el mal que dependa de su existencia.»

No es ésta ocasión de discutir la extensión y los límites de las atribuciones del Estado; pero sí observaremos que el ilustre economista inglés confunde en el pasaje citado dos cosas esencialmente distintas, la sociedad y el Gobierno; que la primera tiene fines mucho más vastos, mucho más importantes que el segundo, puesto que no solamente es política, sino también económica, científica, literaria, artística, y sobre todo moral y religiosa, modos de existir que nada tienen que ver con los poderes públicos; finalmente, que, admitida la doctrina de que un Gobierno debe hacer todo el bien y evitar todo el mal que le sea posible, llegaríamos de consecuencia en consecuencia a la autocracia o al socialismo.

Más adelante añade el mismo J. S. Mill:

«Si atribuimos un valor definido a cosas esencialmente indefinidas y sacamos de aquí conclusiones prácticas, nos expondremos a cometer muchos errores en las cuestiones sociales. No puede decirse que un particular esté diez veces más protegido que otro porque se le garantice la propiedad de bienes diez veces más considerables. Ya se tome por término de comparación el trabajo y los gastos de pretección, ya los sentimientos de la persona protegida, ya cualquier otra cosa concreta, nunca se llegará ála proporción indicada ni a ninguna otra proporción regular.»

Pero, en primer lugar, no es cierto que las propiedades sean cosas esencialmente indefinidas, al menos bajo el punto de vista económico, y por lo tanto que no pueda atribuírseles valor alguno. Si las personas no son susceptibles de evaluación, las propiedades pueden valuarse perfectamente y se valúan todos los días. La protección que se dispensa a un particular por sus bienes se halla en relación exactísima con el valor de ellos, y esto se vería perfectamente si el Estado, como hacen las empresas de seguros, indemnizara a todo propietario de las pérdidas que sufriese por las depredaciones de que fuera objeto además, si como J. S. Mill afirma, no puede llegarse a una proporción regular en la distribución del impuesto, cualquiera que sea la base de la misma, ¿cómo es que admite al propio tiempo nuestro autor, calificándolas de clásicas³⁵⁸, las máximas en que A. Smith funda todo sistema tributario, entre las cuales la primera es que los súbditos de un Estado deben contribuir a sostenerle en proporción de la renta que disfrutan bajo la protección del Gobierno³⁵⁹? ¿No es evidente que J. S. Mill incurre aquí en una contradicción manifiesta?

Cierto que no puede llegarse en la distribución de los impuestos a una proporcionalidad rigurosamente exacta: este ideal, como todos, dice también J. S. Mill³⁶⁰, no se realiza nunca; pero lo que debe buscarse principalmente en las discusiones prácticas es en qué consiste la perfección, no la perfección misma.

Nuestra doctrina sobre la base de que se trata está, pues, plenamente justificada, y el único punto que podría suscitar alguna objeción es la contribución personal, que los autores llaman capitación, y que la mayor parte de ellos rechazan por razones más especiosas que sólidas. he aquí las principales:

«La contribución personal, observa H. Passy³⁶¹, supone que las familias desprovistas de las ventajas de la propiedad no contribuyen en nada a los gastos públicos, lo cual no es exacto. Estas familias, además de que sus hijos responden a los llamamientos para el servicio militar, pagan los tributos que pesan sobre el alquiler de las habitaciones y los que afectan a los objetos de consumo que usan.»

Pero esto sería muy bueno si nosotros admitiésemos las contribuciones de consumos y de inquilinatos, que condenamos como contrarias a todos los principios económicos, lo mismo que la de sangre, que tampoco podemos aceptar, al menos en la forma que hoy se halla establecida. Por consiguiente, el razonamiento de H. Passy cae por su base.

«Si hubiéramos de valuar, añade J. S. Mill³⁶², las ventajas relativas que cada cual obtiene de la protección del Gobierno, sería preciso averiguar quiénes sufrirían más por la falta de ella, y como son precisamente los más débiles, los menos capaces de ayudarse y defenderse, resultaría que éstos deberían pagarla más cara, lo cual es contrario al ideal de la justicia distributiva, que consiste en reparar y no en imitar las desigualdades de la Naturaleza.»

Pero ¿quién ha dicho que los valores se miden por las ventajas que proporcionan al que los adquiere? ¿Quién puede sostener que los artículos de riqueza se aprecian sólo en razón de la necesidad que de ellos tiere el que los utiliza? Entonces sería preciso, que un pordiosero pagase el pan que compra más caro que un magnate, puesto que le es más útil, y que a un enfermo se le exigiera por el lecho que adquiere una cantidad mayor que a un hombre sano, puesto que le hace más falta que a éste. No, la medida de los valores, como ya hemos dicho en otro lugar³⁶³, valor son los gastos de producción, y el precio, o sea el relativo de los productos, como también hemos demostrado oportunamente, si depende en gran parte de su utilidad, no depende menos de su coste. Cuanto más que un Gobierno no es industrial que especula con la seguridad pública, sino un apoderado, un administrador de la sociedad, y como todos los administradores, no puede poner a su principal en cuenta más que el coste de sus servicios.

El Sr. Pastor ha emitido otra teoría sobre la distribución de los impuestos, fundándola:

1.º En los beneficios que del Estado reporta el contribuyente.

2.º En la jerarquía o posición social que ocupa.

Pero la posición social de cada individuo, o depende directamente. de la protección del Estado, en cuyo caso va envuelta en la consideración de los beneficios que éste dispensa, o el individuo se la debe sólo a sí mismo, y entonces nada puede exigírsele en tal concepto. Cierto que no hay ventaja individual, por ajena que parezca a la sociedad, en que ésta no influya más o menos, a causa de la solidaridad moral que entre todos los hombres ha establecido la Naturaleza; pero la sociedad no es el Estado, y no hay que confundir, volvemos a decirlo, dos cosas esencialmente distintas. El Sr. Pastor incurre en este error, al proponer, por ejemplo, que sean colocados en las primeras clases de los contribuyentes y paguen la mayor cuota contributiva los nobles y los altos funcionarios, en razón, dice, de los honores que obtienen de la sociedad; porque, una de dos: o estos honores son merecidos y representan un premio a las virtudes individuales, en cuyo caso nada le deben al Estado; o bien se han adquirido por donación, legado, herencia o cualquier título lucrativo, y entonces es preciso abolirlos. Las virtudes no se compran ni se heredan: los servicios sólo deben recompensarse en quien los presta y por quien los recibe.

Por lo que hace a la consideración de los beneficios que cada cual obtiene del Estado, el Sr. Pastor la entiende de la misma manera que nosotros, esto es, en el sentido de las garantías de seguridad que da aquella institución a sus súbditos, como puede verse por el siguiente ejemplo:

«Supongamos, dice el citado economista³⁶⁴, que tres sujetos determinan establecerse en el campo, y para ello alquilan una quinta, cuyo arrendamiento asciende a 3.000 pesos. El primero tiene en efectivo 30.000 pesos sin giro ni destino, sino que se sostiene de este capital, y ocupa dos terceras partes de la quinta; el segundo tiene un taller de joyería que le produce 20.000 pesos, y para él ocupa sólo tres cuartas partes de la tercera que quedó después de colocado el primero; y el tercero, dedicado a la pintura, ocupa el resto de la quinta. En este caso, cómo distribuirán el pago del arrendamiento? ¿Atenderán a la renta, o a la capacidad que cada cual ocupa? Claro es que guardarán este segundo orden; pues sería lo más injusto que el que ocupase la mayor parte de la casa pagase menos que el que ocupaba un dozavo de ella. Pero se dirá acaso que el ejemplo no es bastante exacto, y así adelantaremos más. Supongamos que, hallándose lejos de población, necesitan pagar gente armada que los defienda. ¿Cómo se pagará ésta? La distribución guardará otra proporción: si sólo se tratase de la garantía de las personas, todos deberían contribuir en esta parte por igual³⁶⁵; más como no es éste sólo el objeto que se desea asegurar, sino también los intereses, habrá esta nueva base de proporción; y en este segundo caso, ¿cómo se hará la distribución? ¿por lo que produzcan los efectos o propiedades, o por su valor? Evidente parece que, no mezclándose los unos en el modo de dar producto a los capitales de los otros, sólo se atenderá a éstos y no a su producción.»

Se ve, pues, que las ideas del Sr. Pastor, relativas a la distribución del impuesto, no difieren esencialmente de las nuestras sino en cuanto este ilustrado economista sólo establece una contribución para subvenir a los gastos del seguro, mientras que nosotros establecemos dos, una para el de las personas y otra para el de las propiedades.

La contribución personal ya hemos dicho que debe ser igual para todos los contribuyentes.

La contribución real hemos demostrado también que debe estar en relación con el valor de los bienes asegurados.

Dejemos a un lado la primera, puesto que no ofrece en su distribución dificultad alguna, y examinemos exclusivamente la segunda. Todas las cuestiones que pueden suscitarse en la formación de un sistema tributario se refieren a ella, y son las siguientes:

1.ª La contribución, ¿debe regularse por el capital, o por la renta de cada individuo³⁶⁶?

2.ª La contribución, ¿debe ser proporcional, o progresiva?

Vamos a examinarlas, siquiera sea brevemente.

Sentado el principio de que la cuota contributiva representa la prima que se paga al Estado como asegurador de vidas y haciendas, es evidente que no puede calcularse por la renta, sino por el capital, puesto que lo que el Estado asegura no es la primera, sino el segundo.

La renta no depende directamente, como el capital, de las garantías legales; asegurado este último, aquélla es proporcionada a las actitudes, a la laboriosidad, al espíritu de orden y de economía del que la posee. Hacer contribuir a los particulares en razón de su renta, equivale a exigir más al hombre laborioso, entendido y económico, que al holgazan, al torpe y al pródigo, lo cual, sobre ser contrario al principio de justicia, mataría todo estímulo a la actividad, toda aspiración noble y legítima.

Las rentas, como el precio de los productos que las constituyen, están sujetas a variaciones frecuentes y bruscas. Si las que proceden de la propiedad territorial, de créditos contra el Estado y de préstamos hipotecarios presentan cierta regularidad, más aparente que real, los beneficios del trabajo, de las artes y de las profesiones liberales están sujetos a una instabilidad que desafía todo cálculo. ¿Quién podría, dice G. du Puynode³⁶⁷, calcular las rentas de un pintor o de un abogado, de un poeta o de un químico? ¿Quién se encargaría de seguir las vicisitudes que sufre el jornal del bracero, según la posición de los empresarios y las oscilaciones de la oferta y la demanda?

Estas dificultades se aumentan en la apreciación de las rentas de una misma persona, porque es raro que una renta proceda toda de un solo origen. Así en la renta de la mayor parte de los agricultores se encuentra un beneficio que perciben como terratenientes, y otro que les corresponde como cultivadores: en la renta de los empresarios de industria hay también un beneficio por los capitales que emplean, y otro por su trabajo: un funcionario, un artista, un abogado, un actor, suelen reunir a los beneficios de su profesión los rendimientos de una finca o de algunas acciones industriales, y a veces de las dos cosas; finalmente, el trabajador es casi siempre más o menos capitalista. ¿Y cómo tener en cuenta todas estas condiciones, marcar las vicisitudes que sufren y apreciar diariamente sus consecuencias?

Pero los mayores inconvenientes del impuesto sobre la renta están en su aplicación. Este impuesto sólo puede realizarse de dos modos: o averiguando las rentas por medio de funcionarios especiales, o ateniéndose a la declaración de los contribuyentes. El primero exigiría que al principio de cada año la Administración se informase de las ganancias probables de cada particular, las calculase, las redujese a guarismos -porque el Estado debe saber de antemano los recursos de que puede disponer- y que a fin del año apreciase todos los aumentos o todos los déficit que en cada renta hubieran sobrevenido. Más aún: las rentas, cualesquiera que sean su origen y su importe, pueden estar gravadas con deudas; por consiguiente, habría que conocerlas y deducir a lo menos de cada renta los intereses que pesaran sobre ella. Para adquirir tantos y tan complejos datos, sería preciso someterlo todo a las indagaciones del Fisco: los contratos civiles, los libros domésticos, los anales íntimos y sagrados del hogar, la inviolabilidad del domicilio, el honor mismo de la familia. ¿Y se cree practicable semejante tarea? ¿Cuántos agentes se emplearían en llevarla a cabo? ¿Qué pueblo se sometería a tan odioso registro?

El medio de que se trata es pura y simplemente imposible. Así es que la mayor parte de los partidarios de la contribución sobre la renta han propuesto dejar la estimación de ella a delegados nombrados por los mismos contribuyentes. Pero supongamos una nación poco escrupulosa en la observancia de las leyes, ¿y qué valdrá semejante sistema? ¿Habrá muchas personas que quieran aceptar el cargo de repartidor y convertirse así en inquisidores públicos, para atraerse sin necesidad ni provecho la animosidad de todos sus amigos, conocidos y convecinos? O no se encontrarán delegados, o sus apreciaciones serán ilusorias. Cierto que en cada localidad se conoce aproximadamente la fortuna de sus habitantes; pero todos ellos tienen interés en ocultarla, y por otra parte, ¿basta un dato tan vago para fijar las cuotas contributivas?

Donde quiera que se ha establecido el impuesto sobre la renta, ha sido preciso apelar a la declaración de los contribuyentes. El inconie-tax inglés no se apoya hoy más que en la buena fe pública, por más que haya funcionarios encargados decomprobar la exactitud de cado, renta que se declara. Pero este sistema exige los condiciones igualmente difíciles: 1.ª que los particulares conozcan sus rentas con la anticipación debida; 2.ª que quieran declararlas con toda exactitud. Ahora bien: la renta depende de mil circunstancias imprevistas; en la agricultura misma una inmidación, un viento, una helada, pueden desvanecer las más risueñas esperanzas de los agricultores, y por otra parte, todo el mundo tiene interés en ocultar su fortuna a fin de sustraerse a las exigencias del Fisco.

H. Passy ha propuesto calcular la renta de cada individuo por el alquiler de la casa que habita³⁶⁸; pero ¿acaso este último está siempre en relación con aquélla? Una misma personal sin que varíe su renta pagará más o menos por su vivienda según que resida en una ciudad o en una aldea: un comerciante necesita vivir en el centro de la población y pagar un alquiler grandísimo, para obtener quizá de su capital una renta igual o menor que un artista que vive extramuros y satisface un alquiler relativamente pequeño: de dos padres de familia que disfruten iguales rentas, el que tenga más hijos necesitará una casa más grande y por consiguiente más cara que el que tenga menos, etc. etc.

Se ve, pues, que el impuesto regulado por la renta individual, sobre difícil o imposible de aplicarse, es anti-económico y absurdo. La cuota contributiva no puede menos de regularse por el capital, o sea por la riqueza consolidada, productiva y apreciable, que es la que el Estado asegura.

Pero, adoptada esta base, ¿será la contribución proporcional, o será progresiva?

Llámase contribución progresiva a aquella en que el tipo de las cuotas, o sea el tanto por ciento que se exige a cada contribuyente, va creciendo a medida que crece su fortuna. Así, mientras las fortunas de la última categoría contribuirían con un tanto por ciento mínimo, las de la categoría inmediata pagarían un tanto por ciento mayor, y así sucesivamente, de modo que los particulares serían llamados a subvenir a los gastos públicos en proporciones cuyo aumento relativo podría ser más rápido que el de las mismas fortunas.

Los partidarios de este sistema se fundan en que los que tienen mucho pueden soportar mejor las cargas públicas que los que tienen poco; en que el rico paga de lo superfluo, mientras que el pobre tiene que privarse para cubrir su cuota de lo estrictamente necesario, y en que cuanto más se exija al primero, tanto menos tendrá que exigirse al segundo, con lo cual se disminuirá la desigualdad de las condiciones sociales.

Pero, en primer lugar, harémos notar que la misión del Estado no consiste en establecer entre sus súbditos una igualdad, que sería injusta, dado que fuese posible, porque se opone a las leyes mismas de la Naturaleza, la cual ha querido hacer a unos hombres fuertes, laboriosos, hábiles, económicos, mientras a otros los ha hecho débiles, indolentes, torpes o disipados.

«La progresión, dice G. du Puynode³⁶⁹, es contraría al principio mismo del impuesto. Lo hemos dicho en otro lugar: el impuesto es la suma que se paga para mantener en el seno de la sociedad un poder que garantice a todos la seguridad. Ahora bien: 200 francos de renta, ¿exigen una seguridad mayor cuando los percibe una sola persona que cuando los perciben dos, y en este caso más que cuando se reparten entre tres? Evidentemente no: la proporcionalidad es la regla de todas las pólizas de seguros.»

Además, para adoptar el impuesto progresivo, sería preciso establecer por medio de la ley categorías de ricos y pobres, hacer al Estado juez de lo superfluo y de lo necesario, y poner las fortunas a discreción del legislador. ¿Qué propiedad se hallaría entonces segura? El Gobierno podría decretar la confiscación, abolida ya hasta como pena en todas las naciones cultas, y la sociedad quedaría a merced de sus propios administradores.

Por otra parte, ¿cómo se regularía la progresión? Cualquiera que fuese la razón que se adoptara, habría que renunciar a ella, al llegar a cierto término, o arruinar al contribuyente, porque absorbería toda su fortuna. ¡Adiós entonces la equidad, adiós el principio mismo del sistema!

La verdad es que el impuesto progresivo no podría aplicarse sino en límites muy estrechos, en cuyo caso no alcanzaría a cubrir las numerosas atenciones de un Estado civilizado, y aún así supondría una buena fe constante, una gran complacencia de parte de los contribuyentes, porque de otro modo daría lugar a grandes fraudes, exigiría pesquisas odiosas y sembraría el odio y la discordia entre las clases.

Finalmente, este impuesto, por poco elevado que fuese, mataría todo estímulo al ahorro, porque absorbería el capital a medida que se formase, y suponiendo que no causara la miseria general, ahuyentaría del país los capitales mobiliarios, que una pequeña prima basta muchas veces para atraer al extranjero.

No cabe duda: el impuesto debe ser proporcional; la proporcionalidad es el verdadero principio de todo sistema tributario. Pero no hay que hacerse ilusiones: este es un bello ideal que no puede realizarse completamente; nunca se establecerá entre los ciudadanos de un Estado una igualdad proporcional de cargas exacta y absoluta. Se opone a ello la dificultad de evaluar las fortunas, se opone sobre todo el precio desigual del dinero en las diversas localidades de una misma nación. Esta desigualdad va ciertamente disminuyendo, a medida que las comunicaciones se hacen más fáciles y las transacciones más frecuentes; pero no es posible hacer que desaparezca del todo.

En resumen, la contribución real, o sobre los bienes, debe ser una y proporcionada al capital de cada contribuyente. La multiplicidad de los impuestos, existentes hoy en todas las naciones, no puede en manera alguna admitirse.

«Siendo en efecto, dice el Sr. Pastor³⁷⁰, absolutamente indispensable que la sociedad amalgame todos los gastos que ocasiona para distribuirlos después, es imposible que deje de ser uno el impuesto, a no ser que se prescinda absolutamente de todo principio de justicia. Porque a la verdad, ¿cómo de otro modo conseguir que no haya exceso y desigualdad en la distribución? ¿Cómo lograr que los varios impuestos se combinen con tal exactitud que vengan a componer con respecto a cada individuo la suma que le corresponde?»

«Aun cuando no tuviese otro inconveniente esta multiplicación indefinida de los impuestos que la complicación de su manejo y contabilidad y la exposición a fraudes, bastarían estas dos circunstancias para proscribirlos. ¿Cómo, puede jamás una nación saber exactamente lo que ha pagado? Se dirá que los presupuestos y cuentas se presentan a las cámaras en las naciones que tienen gobiernos representativos; pero ¿qué puede deducirse de esta inmensidad, de este caos incomprensible? Lo más a que podrá llegarse será a tener una razón, fundada en comprobantes, de lo que se ha recaudado; mas esto no basta: es preciso saber lo que se ha debido recaudar. ¿Y cómo apurarlo con esa multitud y diversidad de impuestos sin base fija, bajo principios diferentes y sin ningún dato de comprobación?»

¿Cuántos gastos no ocasiona esta multiplicidad, si se atiende al número extraordinario de manos que se invierten en la recaudación, fiscalización, contabilidad y administración de los impuestos? Millares de hombres se dedican a manejar esta máquina complicadísima, incomprensible, y que es ya un misterio impenetrable, etc., etc.»

Por el contrario, con la contribución única se simplificaría la administración de la Hacienda pública, se facilitaría la justa repartición de los tributos, y cada contribuyente sabría hasta la evidencia lo que debería pagar, no pudiendo ninguno de ellos sustraerse a este deber, ni estando en manos del Gobierno o de sus agentes el recargar o disminuir las cuotas, como tampoco el ocultar las sumas percibidas.

Por lo demás, he aquí las tres reglas que establece A. Smith, y que todos los economistas admiten, relativamente a la exacción, recaudación y administración de los impuestos³⁷¹:

1.ª La cantidad que se ha de pagar, la época del pago y el modo de hacerle, deben ser conocidos de antemano, no sólo del contribuyente, sino de todo el mundo. La incertidumbre en la cuota autoriza la insolencia y favorece la corrupción de los recaudadores, clase naturalmente odiosa a los pueblos, aún cuando esté adornada de todas las virtudes. La certeza de lo que ha de pagar cada individuo es tan importante, que la menor inseguridad en este punto causa mayores males, si se ha de juzgar por la experiencia de todas las naciones, que la desigualdad misma o la falta de equidad en la distribución de los impuestos.

2.ª La confribución debe percibirse en la época y la forma más cómodas para el contribuyente. Lo mejor es repartir el pago de las cuotas en todo el año, por partes bastante pequeñas, para no obligar a los pueblos a hacer economías por mucho tiempo ni retirar el numerario de la circulación, sino a medida que lo exijan las necesidades del Gobierno.

3.ª El impuesto debe establecerse de, manera que no exija numerosos agentes empleados en su recaudación, ni grandes formalidades o dilaciones antes de ingresar su producto en las arcas del Estado.

Llámase crédito público la confianza que los capitalistas conceden al Gobierno, prestándole fondos para atender a las necesidades del Estado.

El crédito público se diferencia del privado en que éste tiene por límites la extensión de la propiedad del prestamista y la duración de su vida, mientras que los Estados capitalizan todos los recursos de que pueden disponer, en virtud de su derecho a imponer contribuciones durante una serie indefinida de años, y siendo, como son, permanentes, no están obligados a pagar sus deudas en un plazo fijo.

Las condiciones esenciales del crédito público, según el Sr. Pastor, son las siguientes:

1.ª Puntualidad religiosa en el cumplimiento de las obligaciones públicas, sin consideración a la época, a la constitución política ni a las personas encargadas del Gobierno bajo el cual se han estipulado, porque no se contrata con tal o cual ministro, con tal o cual poder, sino con el Estado, que no muere nunca. La base de la Hacienda de todos los imperios, decía Casimiro Perier³⁷², es la economía; la fuente del crédito es la fidelidad en respetar todos sus compromisos. Así es que en vano se buscarán señales de crédito allí donde los diversos gobiernos que se suceden acostumbran, por interés o por pasión política, a negar las deudas contraídas por sus antecesores, donde una autoridad despótica o dictatorial se considera con facultades, no sólo para arreglar el porvenir, sino también para anular o modificar el pasado. Por el contrario, en los países regidos constitucionalmente, que afectan fondos especiales a la extinción de sus deudas y se imponen el deber escrupuloso de no distraerlos de su objeto, el Estado encuentra siempre en el crédito fáciles y abundantes recursos.

2.ª Seguridad personal y respeto a la propiedad. Estas son garantías sin las cuales no puede haber confianza, y por consiguiente indispensables para la existencia del crédito, ya sea público o privado. No se manda a los capitales, y sólo la amenaza de hacerlo basta para asestar un golpe terrible a la Industria y al crédito público; porque los capitalistas, disminuyendo sus consumos, ocultando su fortuna, escondiendo sus riquezas en el seno de la tierra, o llevándolas al extranjero, arrebatan a la producción, a la par que al Gobierno, los recursos que de otro modo les hubieran facilitado.

3.ª Nivelación de los presupuestos, esto es, equilibrio entra los gastos y los ingresos, de modo que el producto de las contribuciones sea suficiente a cubrir las atenciones ordinarias del Estado. La existencia de un déficit permanente revela una de dos cosas: o una mala administración, o un vicio orgánico en las instituciones políticas, y cualquiera de ellas basta para alejar la confianza; porque ¿cómo tenerla en un Gobierno que disipa los intereses que le están encomendados, o en leyes abusivas que a la larga han de dar orígen a una revolución más o menos violenta?

4.ª Publicidad en las operaciones del Tesoro; porque, en efecto, cuando estas operaciones son conocidas, cada cual puede formarse una idea exacta de la situación de la Hacienda y juzgar del grado de solidez que ofrecen las estipulaciones de la misma. No haya temor de que el conocimiento de la verdad perjudique al crédito del Estado, átin cuando se halle en circunstancias apuradísimas; por mucho que éstas lo sean, siempre las abulta la imaginación cuando se ocultan o disimulan. Hacen muy mal los gobiernos que, al ver a la Hacienda en una situación difícil, se encierran en la más profunda reserva, creyendo así engañar a sus acreedores y prestar al país un servicio; el misterio crea o aumenta la desconfianza, lejos de alejarla o disminuirla.

En el origen del crédito público, dice G. du Puynode³⁷³, los empréstitos se contrataban bajo la garantía personal del jefe del Estado, sin afectar ningun fondo especial a su pago. Cuando más adelante se adoptó este sistema, los gobiernos dieron ordinariamente en fianza algún ramo de las rentas públicas, ya por un tiempo limitado, si el préstamo era temporal o a plazo, ya a perpetuidad, cuando, siendo indefinido, no se garantizaba más que el pago de los intereses, si bien reservándose la facultad de librarse de la deuda reembolsando el capital de la misma.

En el primer caso se hacía el empréstito por anticipo; en el segundo, con fondo a perpetuidad.

Hubo, sin embargo otra clase de empréstitos, que venían a ser como un término medio entre los dos ya dichos, a saber: los empréstitos sobre anualidades a plazo, y los empréstitos sobre anualidades vitalicias. En ambos casos, el servicio de los intereses comprendía cada año el reembolso de una parte del capital; pero, durando más o menos el compromiso, según que esta parte era más o menos grande, o no pasaba de un límite estrecho o se extendía a cierto número de vidas. además, las anualidades vitalicias se creaban, ya sobre vidas separadas, de modo que a la muerte de cada rentista o acreedor público se extinguiese la parte de deuda que le correspondía, ya sobre lotes de varias vidas reunidas, en cuyo caso los superviventes heredaban las rentas de los fallecidos. Este último sistema es el de las tontinas, de que hemos hablado oportunamente con aplicación a las sociedades de seguros sobre la vida³⁷⁴.

Pero los empréstitos temporales o a plazo, de cualquier clase que sean, deben rechazarse, siempre que se pueda, como onerosos y aleatorios; porque es una imprudencia comprometer el porvenir, sobre todo de parte del Estado, que tan expuesto se halla a vicisitudes y peligros. Cuando se marca plazo a una deuda, es preciso pagarla una vez vencido, y si escasean los recursos, ¡cuánto no cuesta cumplir este compromiso! Hay que recurrir entonces a toda clase de expedientes, y pasar por las horcas caudinas de los prestadores, los cuales se hacen pagar sus auxilios al más alto precio posible. Por eso se han abandonado generalmente los empréstitos de que se trata por los perpetuos que, limitando la obligación del deudor al pago de los intereses, le dejan en libertad de extinguir su deuda cuando mejor le convenga.

Los empréstitos pueden ser a capital real y a capital nominal, En el primer caso, el Gobierno recibe la suma que expresan los títulos de la renta mediante un interés, que varía según el grado de crédito que goza el Estado; en el segundo, el interés del empréstito se fija de antemano, pero los prestadores no entregan por cada 100 unidades de la cantidad marcada en los títulos más que 90, 80, etc., es decir, una parte proporcionada a la confianza que les inspira el Gobierno.

Los empréstitos a capital nominal son contrarios a todo principio de Economía. Por medio de ellos, en lugar de crear una renta de 9 por 100, por ejemplo, se crea otra de 3; pero, negociándola a 33, se reconocen 100 de capital en lugar de 33, que en realidad se han recibido, de manera que el Estado no puede reembolsar su deuda, sino pagando una cantidad tres veces mayor por ella. Dicese que semejante manera de proceder se presta mejor para la venta y la trasmisión de los títulos; pero esta es una ventaja insignificante en comparación de los males que produce. Pregúntese a un comerciante si consentiría en deber 100 reales, en vez de 60 u 80, para hacer sus cuentas más fáciles o sus efectos más negociables, y responderá negativamente, prefiriendo sin duda pagar un interés mucho más alto y no obligarse sino por la cantidad recibida; porque en el primer caso la carga es esencialmente temporal, mientras que en el segundo es indefinida.

Por lo demás, cuando el Gobierno contrata un empréstito, los títulos se inscriben en lo que se llama el Gran Iibro, es decir, en los registros del Estado. El público conoce así el importe de la deuda pública, sabe que ninguna administración puede aumentarla y que para hacer una nueva emisión se necesita una nueva ley. A esta clase de deuda, reconocida y liquidada con entera independencia del presupuesto, es a lo que se llama deuda consolidada.

Divídese en perpetua y temporal o amortizable. La primera procede de los empréstitos a perpetuidad, y como hemos dicho, no tiene vencimiento fijo, pagándose sólo de una manera regular y obligatoria los intereses que devenga. La segunda proviene de los empréstitos por anticipo, esto es, con pacto de amortización en período determinado, como nuestras acciones de carreteras.

En España y Francia la deuda pública, está representada por títulos, acciones o inscripciones, llamados efectos públicos, ya nominales, ya al portador; pero en Inglaterra no se da documento alguno a los acreedores del Estado, sino que el Banco lleva su cuenta con cada uno, y cuando cualquiera de ellos enajena su crédito, se presenta con el comprador en las oficinas de aquel establecimiento y se hace la trasferencia. De todos modos, los tenedores de rentas realizan con más o menos ventaja sus créditos, vendiendo los títulos que los representan en la Bolsa, donde en cambio del capital nominal, reciben una cantidad mayor o menor, según el precio de cotización. Este precio varía como el de cualquier otro producto, según la relación en tre la oferta y la demanda, dependiente a su vez del crédito del Gobierno, o sea de la confianza que inspire, y una eventualidad. más o menos lejana, el temor de una guerra o cualquier otro acontecimiento político, bastan para producir en él un alza o una baja, siendo ésta la causa de las oscilaciones que sufre la cotizacionde los efectos públicos.

Pero además de la deuda consolidada hay otra llamada flotante, cuyo origen vamos a explicar brevemente.

Aun cuando los presupuestos estén perfectamente nivelados dentro de cada ejercicio anual, no siempre coinciden los gastos con los ingresos. Puede suceder, por ejemplo, y en efecto sucede muchas veces, que, teniendo que pagar el Gobierno dos millones en una localidad, esta cantidad se encuentra en las cajas de otra: puede suceder también que ocurran gastos no calculados de antemano, y que dan lugar a lo que se llama en el presupuesto créditos extraordinarios y créditos suplementarios: puede suceder, en fin, que el producto de las contribuciones no ingrese en el Erario tan pronto como lo exigen las atenciones corrientes. En todos estos casos, se recurre a un crédito temporal y se toman prestados cuatro, cinco, diez, veinte millones momentáneamente. No hay necesidad de levantar para ello un nuevo empréstito, ni de crear una nueva renta. El Gobierno pide a los capitalistas que le adelanten por un corto plazo cierta suma, emite pagarés o letras de cambio, como una casa de comercio, y estos documentos, llamados billetes o bonos del Tesoro, que no están inscritos en el Gran libro, que devengan un interés módico y se descuentan en la plaza, ni más ni menos, que los demás títulos de crédito, son los que constituyen la deuda flotante, así llamada porque su importe puede ser más o menos elevado, aunque sin pasar de cierto límite que la ley le asigna. A las partidas de que constaba primitivamente se han agregado después los déficit de cada año, con la esperanza de cubrirlos al siguiente, y como esta deuda se obtiene con gran ventaja en las naciones en que se halla bien constituida, se ha destinado también una parte de ella para fomentar obras, de utilidad pública, contrayéndola bajo su responsabilidad el Gobierno y prestando las sumas reunidas por este medio a los empresarios de dichas obras. El papel de la deuda flotante es por lo común muy solicitado; porque, aunque devenga un interés médico, vence a plazos muy cortos y puede realizarse fácilmente. Así es que muchos banqueros y capitalistas acostumbran a emplear en él los fondos que tienen de reserva para atender a sus obligaciones corrientes, pero que por el pronto carecen de una colocación lucrativa. Si la deuda flotante puede pagarse con los ingresos ordinarios, se extingue a su vencimiento; si no, se hace un nuevo empréstito, se crean nuevas rentas y se convierte en consolidada.

De todos modos, el interés de las deudas es tan gravoso para la Hacienda pública, que conviene deshacerse lo más pronto posible de esta pesada carga, y para conseguirlo se estableció en Inglaterra, y se propagó después a otras naciones de Europa el sistema de la amortización. He aquí en qué consistía:

Un Gobierno contraía un empréstito de 100 millones, por ejemplo, y dedicaba anualmente para extinguirle un fondo de 4, que entregaba a un establecimiento, llamado Caja de amortización, encargado de este servicio. Pasado el primer año y disminuida la deuda en 4 millones, el Estado sólo debería pagar en el segundo los intereses correspondientes a 96 millones; pero no lo hacía así, sino que continuaba entregando a la Caja a razón de 100; de modo que se extinguía en este segundo año una nueva porción de la deuda igual a 4 millones, en que consistía siempre el fondo de amortización, más los intereses aferentes a la porción extinguida el año anterior, quedando la deuda reducida a menos de 92 millones. En el tercer año, el Estado no pagaba tampoco más que el interés de la deuda existente, y llevaba a la Caja, con el que correspondía a la amortizada, el fondo permanente de la amortización; de donde resultaba que la Caja podía aplicar a la extinción de la deuda, no sólo los 4 millones que, correspondían a este año, sino también los intereses de los 4 del segundo, más los intereses de los 4 del primero, etc., etc. Añádase que para ir amortizando gradualmente la deuda, la Caja de amortización compraba en la Bolsa al precio de cotización los títulos de renta que le permitían sus fondos, inutilizándolos después, y quedará, completamente explicado el sistema. Veamos ahora cuál es su valor.

«Que una cantidad cualquiera, por pequeña que sea, dice el Sr. Pastor³⁷⁵, aplicada constantemente al aumento, reproducción por medio del interés compuesto, crece de una manera sorprendente, es un hecho fuera de toda duda, como se prueba por cálculos matemáticos llevados a la demostración. Multitud de libros andan impresos, con colecciones de tablas que demuestran el prodigioso aumento que en una serie de años alcanzan las más pequeñas sumas, a tal inversión dedicadas. Que las rentas de un Estado, por la uniformidad del ingreso, por la regularidad y puntual exactitud de su pago, en períodos iguales y conocidos, y por su subdivisión en cantidades determinadas es la inversión que mejor se presta a semejante objeto y con beneficiosos resultados, es otra verdad matemáticamente demostrable y como consecuencia de estos dos datos, que la fuerza productora, aplicada a la extinción de otra cantidad, alcanza resultados portentosos en la misma proporción de su aumento progresivo, es otra verdad de la ciencia. De estos tres datos dedujeron los matemáticos multitud de combinaciones utilísimas, que han hecho grandes servicios a la Humanidad. Los ahorros de una persona económica, invertidos de este modo, aseguraron y aseguran a unos una renta vitalicia, a otros el logro de un capital dentro de un período de tiempo más o menos largo. Multitud de compañías se constituyeron para satisfacer esta necesidad utilísima, y los gobiernos aprovecharon semejante disposición para crear rentas vitalicias, emitir anualidades y hacer otras combinaciones semejantes, como las del famoso Tonti en Francia, que tanta boga alcanzaron. Pero ¿era lo mismo al aumento progresivo del interés compuesto, por medio de las rentas o títulos de la deuda pública, que conseguir un Estado la extinción de un capital, aplicando a este objeto una cantidad dada y proporcional en un período dado? He aquí el error.

»El cálculo había demostrado que 100 rs. invertidos a 5 por 100, a interés compuesto, llegaban en cincuenta años a formar una suma de 20.934 rs.; y de este dato innegable dedujeron los fundadores de las Cajas de amortización la consecuencia siguiente: si 100 rs. en cincuenta años forman una suma de 20.934 rs., tomando el Gobierno esta cantidad y destinando todos los años la suma de 11.10 reales a su extinción, quedará aquélla reembolsada a los cincuenta años. Pero el error está en que en semejante caso no hay tal aumento progresivo, porque el mismo Estado que hace la operación paga los intereses, y lo que gana con la mano derecha lo pierde con la izquierda. Cuando una compañía privada o un particular destina anualmente 100 rs. a constituir una suma a interés compuesto, lo consigue, porque cada año invierte aquella cantidad, más la renta del 5 por 100 que cobra por semestres, en la compra de otra suma igual que va acumulando hasta llegar en los cincuenta años a los 20.934 rs.; pero cuando un Estado separa del presupuesto los mismos 100 reales y paga los 5 de los intereses y los demás que va satisfaciendo anualmente, tanto como gana la Caja de amortización ha perdido el Tesoro; por consiguiente, el resultado en la práctica es una verdadera ilusión.»

Solo hay para un Estado, como para un particular, un medio de pagar sus deudas, y es aplicar a este objeto el excedente de sus rentas, o sea sus ahorros y economías. Los Estados-Unidos no han empleado otro, y hasta ahora es el único país que ha reembolsado sus primeros empréstitos. Las Cajas de amortización constituían una rueda, tan inútil como dispendiosa, de la máquina administrativa, y aunque no tuvieran otro defecto, éste hubiera sido bastante para renunciar a ellas, como se ha hecho ya en todas las naciones. Así se ha privado, por otra parte, a los pueblos y a los gobiernos de la ilusión que producían, haciéndoles creer que con semejante sistema no hay deuda que no pueda pagarse fácilmente, y arrastrándolos al abuso del crédito, que conduce a la larga a la ruina o a la bancarrota.

No obstante, se alegan en favor de la amortización dos consideraciones hasta cierto punto atendibles. Es la primera que su acción regular y continua hace en la Bolsa en cierto modo el oficio de una exclusa, es decir; que contribuye a normalizar el curso de los fondos públicos, impidiendo sus depreciaciones repentinas y mejorando su cotización cuando temores exagerados o hábiles operaciones de banca producen en ellos una baja considerable, con detrimento de los pequeños capitalistas que, no comprendiendo bien este juego, se asustan fácilmente y se apresuran a vender sus rentas con grandes pérdidas, de que se aprovechan exclusivamente algunos especuladores. Pero ¿no sería posible obtener el mismo resultado sin la complicación de un nuevo establecimiento público ni los gastos de una oficina suplementaria? ¿No podría el Tesoro rescatar pura y simplemente las rentas a que alcanzaran sus fondos disponibles, comprándolas en la Bolsa? La segunda consideración es que entre un Gobierno que tiene por norma destinar únicamente a la extinción de la deuda el sobrante de sus rentas, y otro que posee una Caja de amortización, administrada aparte y puesta bajo la salvaguardia de los poderes públicos, el segundo ofrece más garantías a sus acreedores, porque no puede disponer de los fondos de amortización sino en virtud de una ley, mientras que el sobrante, si se obtiene, es de temer que se gaste improductivamente. Pero ¿hay más que dar a este sobrante, por medio de otra ley, el destino de que se trata?

Por otra parte, no siempre conviene a un país reembolsar inmediatamente sus deudas. Cuando esto no puede hacerse sino por medio de grandes gravámenes, de impuestos excesivos y odiosos, vale más, sin duda alguna, aplazar el reembolso para mejores tiempos, dejando entre tanto acumularse los capitales, desarrrollarse la industria y difundirse el bienestar por todas las clases con el aumento de la riqueza pública. Entre dos males es preciso elegir el menor, y el impuesto, tal como se percibe todavía en todos los pueblos, perjudica más, muchas veces, que las cargas procedentes de los empréstitos.

Hay, aparte de los ya indicados, un medio de aligerar, si no de extinguir la deuda pública, y es lo que se llama conversión de rentas.³⁷⁶ Consiste en reducir el interés de aquéllas, permitiendo a los tenedores elegir entre esta reducción y el reembolso de sus créditos. Ahora bien: en tiempos de prosperidad, cuando la riqueza busca salida por todas partes, le es muy fácil al Estado disminuir los réditos que paga; porque si sus acreedores no consienten en ello, y carece de fondos con que reintegrarles el capital, puede adquirirlos levantando un nuevo empréstito, o sea contrayendo una nueva deuda, a un interés menor que la existente. Se trata sólo de dar a los acreedores del Estado opción entre la rebaja del interés y el reembolso del crédito, lo cual es perfectamente lícito; porque el Estado no se halla exceptuado de la ley común, que reconoce a todo deudor la facultad de pagar sus deudas cuando le convenga, o de estipular nuevas condiciones si el acreedor prefiere continuar dispensándole su crédito.

Fin.